EL OBSERVADOR

La decisión de Frecuencia Latina de “expectorar” a Beto Ortiz no habría tenido como “mano negra” a Jaime Bayly, sino la censura de un reportaje sobre las luces y sombras de la venta de la deuda de canal 4 a los grupos “El Comercio” y “La República”, una vez que José Enrique Crousillat huye luego del derrumbe del fujimorismo en el 2000; dado que Baruch Ivcher tiene un problema similar con sus socios, los hermanos Winter, quienes judicialmente han conseguido en primera instancia el reconocimiento de la ampliación del capital social, cuando detentaban la administración, lo que les permitió hacerse del canal de la avenida San Felipe. Asimismo, el intento de José Enrique Crousillat de querer regresar a canal 4 luego de ser indultado (intento bastante burdo) sería parte de un plan de regreso de los viejos aliados del fujimorismo a controlar los medios de comunicación de cara a las elecciones del 2011.

En el canal 5 (el otrora “canalazo”) ya el hijo de Schütz maneja las riendas de la televisora desde el 2009. Falta ver el desenlace que tendría “la toma” de los canales 2 y 4, con lo que las principales emisoras de señal abierta estarían bajo el control de aliados del fujimorismo que desean volver a los tiempos en que usufructuaban del dinero y del poder.

La estrategia es más o menos similar: se interpone una demanda, casi siempre acogida por un juez “benévolo”, se consigue una resolución judicial, por lo general bajo la forma de una medida cautelar que “adelante” la ejecución de la decisión final, consiguiendo el “beneficiado” con la decisión judicial el ingreso por la puerta grande de la televisora. Todo sazonado con “apoyo” político, económico y mediático, o los tres en el mejor de los casos, como muy probablemente fue con el “indulto humanitario” a José Enrique Crousillat (y que, por la oleada de críticas, motivó que el gobierno lo “deje sin efecto”, trasformándolo en orden de captura al sentirse el presidente de la república “un poco burlado” [sic]).

Precisamente, los indicios apuntan a una “ayuda” del gobierno aprista a los operadores fujimoristas a fin de “ganar a río revuelto” en el 2011. Recordemos que similar “ayuda” ejerció AGP en 1990, a los pocos meses de dejar Palacio, apoyando la candidatura de Alberto Fujimori a fin de neutralizar a su poderoso rival, el Fredemo.

Todos estos líos judiciales-políticos nacen de la débil decisión de Alejandro Toledo cuando asume la presidencia: en vez de cancelar las licencias de los canales envueltos en la corrupción y licitarlos públicamente, prefiere concederlos a amigos cercanos que le deban favores como Genaro Delgado Parker (a través de una sospechosa medida cautelar, ejemplo que quiso seguir Crousillat) o a los grupos El Comercio y La República (que consiguen la administración del canal por medio de la compra de la deuda que ante Indecopi tenía el 4). Lo que sumado al abandono de la lucha anti-corrupción (primero por Toledo y luego por García), propició que muchos prófugos de antaño salgan de sus madrigueras e, incluso, reclamen derechos como José Enrique Crousillat.

En fin, todo apunta a un “resurgimiento” de los operadores fujimoristas a nivel político, judicial y mediático, donde existen fuertes intereses en que el estado de las cosas (y las prebendas que ello conlleva) regresen como era en los años 90. ¿Lo conseguirán?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Ahora que se viene la época electoral, encontraremos muchos de estos argumentos para defender a candidatos con rabo de paja.
EJJ

Cómo defender a los candidatos de la corrupción
Por Mirko Lauer
° Diga que la asociación de estos candidatos con delitos comprobados puede ser cierta, pero que eso hay que contrapesarlo con su buena gestión. Sugiera además que para realizar cosas en este país uno tiene que saltarse algunas leyes a la garrocha.

° Insista en que la política está llena de personas que han hecho o hacen lo mismo que los candidatos de la corrupción, y que en consecuencia da lo mismo por quién se vota. Concluya en que lo de la corrupción no pasa de ser un argumento político.

° Simplemente dedíquese a la negación radical y afirme que en realidad nada ha sido demostrado nunca, y que la prueba está en que sus candidatos siguen libres. Sugiera luego que el apoyo popular a estos candidatos es una manera de compensar dicha injusticia.

° Haga notar que el Poder Judicial que juzga a los corruptos o la policía que los detiene andan esencialmente en la misma corruptela. A continuación mencione los casos en que estos candidatos acusados han sido exculpados o pasados por alto en el mismo Poder Judicial.

° Señale que existen otras personas mucho más corruptas a las que se les perdona todo, y lance una acusación contra alguien para reforzar el argumento. Puede incluir en el argumento que hay una conspiración antiperuana contra sus candidatos.

° Declare que en una sociedad donde la informalidad campea por encima del 60% no se puede ser 100% estricto. Diga, por ejemplo, que si nos vamos a estar fijando en licencias de conducir o reglas de tránsito, simplemente no podría haber transporte público.

° Échele toda la culpa de los robos de los años 90 a Vladimiro Montesinos, y plantee que sus candidatos asociados a él fueron engañados, y que en esa medida también fueron víctimas de la corrupción.

° Proclame con energía que ya basta de mirar hacia atrás, que ahora lo importante es concentrarse en el futuro. Diga que la democracia precisa la participación de todos, y luego descalifique a un sector de su preferencia.

° Diga que si realmente le llegaran a demostrar que sus candidatos son corruptos, por supuesto que no votaría por ellos. Puede presentar un caso en que eso efectivamente ha sucedido.

° Recuérdele a su interlocutor que los moralizadores en el fondo son los peores corruptos, y a partir de allí despotrique contra los magistrados anticorrupción. Mencione injusticias contra presidentes en la historia del Perú.

° Nunca deje de hacer notar que sus candidatos tienen alta popularidad, aprobación o intención de voto. La conclusión de esto tiene que ser que el pueblo es sabio, y no se deja engañar.
FUENTE: DIARIO LA REPÚBLICA 26.2.10

Pocas son las crónicas que con elegancia y fina ironía pueden desnudar a un personaje. Una de esas es la de César Hildebrandt que dedica a Jaime Bayly y que reproducimos textualmente. La noche del domingo 21 de Febrero fue fatal para el conocido entrevistador. Como bien señala Hildebrandt, Bayly quedó como un vulgar matarife y no el torero que hace verónicas con el toro (Ivcher), mientras este último, viejo y astuto zorro (como dice el dicho “más sabe el diablo…”), daba la autorización para que se trasmita el programa donde lo insultaba grotescamente. Al final Ivcher -amigo y operador de Fujimori y Montesinos antes de la sonada pelea de aquel entonces- parecía un demócrata suizo ejemplar por la tolerancia y la contención, no se bajó al zócalo del escribidor. En fin, si alguien en su sano juicio creía que Bayly podía ser un candidato idóneo a la presidencia, después de leer esta crónica pierda toda esperanza.
EJJ

Torero o matarife
César Hildebrandt
Nadie debe haberse sentido más feliz viendo a Jaime Bayly despeñarse que el propio Baruch Ivcher.
Bayly quizá calculó que su pregrabación iba a ser vetada por la ira de Ivcher. De ese modo el misterio lo absolvería, la censura lo engrandecería y la victimización acompañaría la marcha de su candidatura.
Pero todo fue un mal cálculo. Aconsejado por sus mejores diablos azules, Ivcher le dio paso a una larga diatriba –a ratos divertida, a ratos vulgar, muchas veces lumpen- dirigida al propietario del circo en cuestión y, para usar las palabras de Bayly, a “los monos que le sirven y que se cagan en donde pueden” (o sea Beto Ortiz y un tal Miyashiro).
Y cuando Bayly insultaba, Ivcher –esa gran impostura- renacía. Y cuando Bayly volvía a insultar, desde una histeria maníaca y quejumbrosa, Ivcher se llenaba de vida y de esperanza y marchaba con el tranco resuelto de los muertos vivientes.
¿Quién era el demócrata, entonces? ¿Era Bayly, el insultador; o era Ivcher, el presidente del directorio permisivo y, en este caso, mucho más suizo que israelí?
El demócrata aquella noche fatal no fue Bayly. Bayly fue el lúcido tardío que, después de varios años, se daba cuenta de que Ivcher era un tal por cual (y justo cuando, desde el miércoles pasado, tiene en su bolsillo una oferta de Canal 4 para hacer allí “El francotirador”).
Ivcher no lo censuró y quedó, aunque a algunos nos duela, como un ejemplo de tolerancia.
Fue una noche fatal porque asistimos a un suicidio que se veía venir pero que superó todo lo imaginable en relación a ese arte equívoco de la autodestrucción.
No soy de quienes odian a Bayly. Siempre le guardé aprecio y casi siempre me enternecieron sus primeras locuras y sus apariciones fulgurantes en la tele.
Me dio lástima, eso sí, verlo agusanado en Miami y uribizado en Colombia. Y, antes, en los tiempos de la persecución y el SIN, me dio rabia que su antiFujimorismo fuera mudo y sus silencios explícitos.
No soy lector de sus libros pero sería rácano negar que es un escritor de enorme éxito internacional y un personaje continental de la comunicación.
Dicho esto, tengo que añadir que lo que vi hace dos días ha sido un show sombrío y crepuscular de alguien que, con el nombre de Jaime Bayly, imita al escritor, desfigura al conductor, desacredita al personaje y envilece la propia memoria.
Ese Bayly que vimos carraspeando groserías, inyectadamente temerario, contradiciéndose cada diez minutos, no es el Bayly que una vez apareció en “La Prensa” y en Canal 5 y se convirtió en líder de opinión.
El Bayly que vimos hace días derrapa en la procacidad y es un eco malo de los buenos tiempos.
Pero, sobre todo, es un Bayly que parece no tener ninguna reputación que preservar.
Su capacidad de ser grosero, que llega a tener tintes patológicos, lo que demuestra es un narcisismo con sueños de omnipotencia. Bayly no candidatea a la presidencia: candidatea a ser Dios, un Dios cruel e impune que azota y/o quema a los herejes.
Cuando insultaba a Ivcher de un modo tan rastrero, tan racista, tan xenófobo y tan primario, yo pensaba:
-Este Jaime no sabe hasta dónde ha metido la pata. Cree que es un desplante lo que es una fechoría.
Y el hecho de que Bayly siguiera fingiendo que todo su enojo (divino) se debía a que Beto Ortiz y el tal Miyashiro “habían saqueado la propiedad intelectual” de su amigueta (primero novia, luego íntima, más tarde amiga), me causó la viva impresión de que ese programa estaba siendo transmitido desde una casa de salud y que, en cualquier momento, aparecerían batas blancas, jeringas goteando pócimas sedantes, enfermeros musculosos y dispuestos a dominar al paciente.
¿Alguien puede creer que Jaime se enojó porque dos aviesos colegas de pantalla leyeron párrafos de una novela inédita?
El problema no era ese. Si Jaime recordase, a estas alturas, que es posible decir la verdad diría que lo que de verdad lo molestó no fue la incursión bucanera del dúo Ortiz-Miyashiro sino la espantosa calidad de lo leído, la indigencia literaria del manuscrito en cuestión, el final del juego de un libro que a él se le había ocurrido recomendar antes de que saliera a la venta. Es que Jaime no sólo es Dios: también es Midas –el rey que todo lo que tocaba lo hacía de oro- y la niñata en cuestión era oro en polvo.
Y si Jaime siguiera empeñado en ser honesto –una virtud que tuvo hasta que la televisión lo volvió un monstruo- diría también que todo ese arrebato histriónico, esa furia teatral, eran una manera de darle a su ego –convertido en peleador de sumo- la sobrealimentación de notoriedad y de escándalo que cada día reclama.
A todo esto hay que sumar el asunto de la candidatura, algo que la personalidad escindida de Bayly proclama una noche por la boca y rechaza al día siguiente por la imprenta, algo que ha terminado de perturbar a este personaje complejo que cree que escribir es vomitar y que hace tiempo ya no lucha con sus demonios sino que los obedece.
Ivcher se dio el gusto de propalar en su canal la transmisión radiográfica de Jaime Bayly, la autobiografía hablada de un escritor talentosísimo y de un ser humano ayer entrañable convertido en esa fábrica de agravios, en ese géiser del mal gusto y la incontinencia.
A tanto llegó Bayly que Ortiz y el tal Miyashiro parecieron, por contraste, unos caballeritos vestidos en Gamarra, pundonorosos, subordinados y con el bozal en su sitio.
A tanto llegó que Ivcher, el hombre del cheque discreto de 20 millones de soles entregados por Toledo, pareció víctima de un Hugo Chávez que le hubiese expropiado el canal y lo mandase insultar desde sus propios estudios.
Lo curioso es que Bayly cedió en el único asunto que a Ivcher de veras le importaba: el del dinero.
Porque cuando Bayly se retractó de lo dicho en relación a la deuda tributaria de Ivcher, le dio en la yema del gusto al dueño de la silla en la que estaba sentado.
Y esa indebida concesión –indebida porque la deuda de 54 millones de soles de Ivcher es un asunto que la Sunat mantiene vivo- es la que, al final, quizá explique por qué el propietario de Frecuencia latina propaló lo que Lúcar le había aconsejado no propalar. Total, si el dinero es lo que importa, ¿qué importan algunos adjetivos que el viento y Youtube se llevarán?
El hombre-bomba que explosionó ante nuestros ojos hace unos días era lo que quedaba de Jaime Bayly después de varios años de coquetear con la locura.
Tengo la sensación de que Bayly comenzó su vida pública temiendo que descubrieran su bisexualidad. Cuando la confesó y la vendió como mercancía y la registró como marca, dejó de tener un gran secreto que cuidar. Fue un alivio.
Pero Bayly necesitaba más. Las parejas que hizo desfilar en sus columnas, las infidencias de cama y de camastro que describió con placer, el confeso odio a su padre, el desprecio a buena parte de su familia, sus furias anecdóticas de infancia contra curas y militares, el estilo de autoabominarse para inspirar respeto y compasión, la coprolalia creciente que parece empobrecer su lenguaje y afear su interior, todo eso constituye un cuadro clínico tan evidente y desgarrador que sólo una sociedad enferma como la nuestra pudo pasar por alto y, más bien, aplaudir y fomentar.
Jaime se sintió un torero hace unos días. Pero el mandil ensagrentado, la sierra de motor, los anteojos de mica salpicados de sanguaza, la mirada turbulenta, la decisión gozosa de cortar y trocear, no engañaban. Sus peores enemigos gozaban como cerdos: Bayly había sido –por fin- un matarife más en el viejo camal de Baruch Ivcher.
Y cuando, en su mensaje final, dijo que, en realidad, lo que quería “era quedarse en Canal 2 y reconciliarse con Ivcher” este columnista creyó ver en pantalla un remedo de esos psicópatas que, en las películas B, terminan diciendo que no recuerdan nada y preguntando qué es lo que hicieron y por qué tienen las manos manchadas de sangre.
LA PRIMERA 23.2.10

La denuncia del congresista nacionalista Pedro Santos sobre errores ortográficos en textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación es un baldón más al maltrato del idioma.

El hecho no es nuevo, solo que se ha agudizado en los últimos años y lo que llama la atención esta vez fue que no se salvaron ni los textos oficiales. El descuido en el uso del idioma se produce en todos los niveles sociales y profesionales. Ni siquiera el decano de la prensa nacional se salva, basta que se revise algunas de sus páginas para tropezar con más de un error en la ortografía o en la sintaxis.

Los alumnos que usen esos textos, aparte que vienen con una deficiencia del hogar en el manejo del lenguaje, por añadidura creerán, ahora de buena fe, que “áerea” (sic) se escribe con tilde en la a, o “guion” es huérfana de toda tilde, para no mencionar “absorven” (sic) en el más crudo liberalismo ortográfico. Ya no hablemos de los pobres profesores, que sus neuronas estarán más confundidas de lo que comúnmente están en estas cosas del lenguaje. De repente muchos maestros encontrarán su justificación aortográfica en los dichosos textos.

En colmo de males, los libros cuestionados fueron impresos en Chile, por lo que si uno se pone a sospechar en plan malicioso podría pensar que hasta fueron premeditados los “horrores ortográficos” por nuestro querido vecino del sur, a fin que nuestra niñez salga más rebuzna de lo que usualmente sale de las aulas. Pero, aparte de las suspicacias e ironías, lo que llama la atención es que textos escolares peruanos fueran impresos en otro país, quitándole así las posibilidades de trabajo a los connacionales, más en períodos de crisis externa como el que ocurrió el año pasado. Para terminar, una pregunta obvia e ingenua: ¿los chilenos, ecuatorianos o colombianos habrían impreso sus textos escolares en nuestro país?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Sí, la medicina que cura con plantas, barro o pasándole un animal por el cuerpo. El proyecto presentado el año pasado por la congresista Hilaria Supa (la misma que fue ridiculizada por un periódico capitalino al fotografiar sus fallas ortográficas) causó controversias dentro del gremio médico y fuera de él, desde aquellos que vociferaban que se iba a institucionalizar la brujería y el diagnóstico y cura de un cáncer o el SIDA por medio de las hojas de coca o pasándole el cuy, hasta los que ven con respeto y humildad las bondades de la medicina tradicional, entre ellos, muchos médicos reputados en su oficio (no los del Sabogal que por cualquier cosa te cortan una pierna o un brazo).

Estoy muy lejos de hacerme tratar por un “brujo” de caer enfermo. Prefiero mil veces un buen médico que un chamán; pero no puedo negar que la medicina tradicional tiene orígenes y abolengo milenario en mi país y que en otros más occidentalizados y europeos ya se le ve con respeto: existen enfermedades que no puede curar la medicina que conocemos, lo que pomposamente se denomina “ciencia médica” y un sencillo brujo sí lo hace, incluyendo enfermedades mentales; y, ya no hablemos del “milagro” de curar con las manos como Cristo o de la sanación por la palabra, eso sería herejía pura.
Claro, hay mucho de sugestión, de creer el paciente en que el procedimiento lo curará y eso ayuda bastante. La relación mente-cuerpo ya la conocían los antiguos y muy bien. Pero, el proyecto de ley de la congresista Supa tenía interés en incorporar a los practicantes de esa medicina ancestral a los órganos oficiales, al “establishment” médico, a través de un Registro Nacional de Agentes de Medicina Tradicional, lo cual era bueno, ya que iba a ayudar a separar a los charlatanes, aquellos que con sebo de culebra te ofrecen curarte de todo, de los que practican con seriedad la medicina tradicional. Era un paso, y muy importante, de incorporación a los cánones oficiales de esta medicina milenaria, relegada hasta hace muy poco para aquellos que no podían acceder a un médico, a un centro de salud, o que eran considerados sencillamente como “ignorantes”.

La próxima vez que concurra al policlínico de mi gremio de repente me atenderá un “doctor” vestido con un poncho y tocado con un sombrero de alas anchas, que con aire circunspecto me revisará y me dará algún brebaje para mi mal, no creo que me pase el cuy o me someta a una sesión de ayahuasca, pero quizás su pócima sea tan buena o mejor que las pastillas que tomamos para cualquier cosa en esta época donde el hombre ya no soporta el dolor, ni la enfermedad y menos la muerte.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

La amplia atención mediática que ha causado el homicidio de la joven Paola Vargas por parte de un integrante de la “barra brava” del club Universitario de Deportes apodado “Bolon”, invita a reflexionar no únicamente sobre las soluciones para controlar a las “barras bravas”, o las reformas legales a los clubes deportivos convirtiéndolos en sociedades anónimas como simplistamente se ha esbozado por allí, para ya no mencionar las reiteradas declaraciones de ministros, congresistas o del propio presidente de la república –un ministro hasta sugirió que saldrían las fuerzas armadas a patrullar las calles-, sino de las razones para tan amplia cobertura mediática. Para decirlo en otros palabras, ¿habría merecido la misma atención de la prensa, radio y televisión, así como de políticos del oficialismo y la oposición, o el celo de la policía para ubicar y capturar al sospechoso si la víctima hubiese sido una humilde vendedora ambulante de rasgos andinos o una joven madre soltera de un asentamiento humano que circunstancialmente subió al microbús a vender sus caramelos?

Todos en nuestro interior sabemos que no. Sabemos que la atención mediática obedece a que la víctima pertenecía a una familia de clase media acomodada, de rasgos blancos y que por añadidura contaba con estudios en una de las universidades del medio llamadas “de prestigio”, así como trabajar en una empresa de “primer nivel”. Es decir –por ponerlo en esos términos- la joven víctima pertenecía al pequeño grupo social de los “afortunados” en este país de notables contrastes. Quizás, de haber continuado con vida, se habría convertido en una Mercedes Araoz de algún futuro gabinete o en una importante funcionaria de algún banco o AFP.

Paola era una chica angelical, pero también promesa de “las fuerzas vivas” del país, mientras que su victimario pertenece al sector “lumpen” de la sociedad peruana, de aquellos que comienzan a robar y a inhalar drogas desde niños, los sin futuro, los sicarios que matan por unos cuantos billetes, los que terminan sus días en la cárcel o el cementerio como dice el conocido bolero. “Bolon” pertenece a los “excrementos” de la sociedad, a la hez, a los desechos, a los que les espera un largo prontuario judicial por violaciones, asaltos a mano armada y homicidios.

Ese contraste evidente entre víctima y victimario es el que llama la atención de los medios, del público y de los políticos que tienen una riquísima veta para figuretear con sus pomposas y huecas declaraciones. Es el contraste perfecto entre la buena y el malo, y no dudamos que capturado “Bolon” y terminado el proceso en su contra, los jueces le impongan la más alta pena privativa de libertad, así se cerrará el círculo con “el castigo” al malvado y nosotros nos sentiremos aliviados y podremos dormir tranquilos.

Pero, vuelvo a hacer la pregunta inicial: ¿habría merecido igual atención de los medios, la justicia y el público si la víctima hubiese pertenecido al mismo grupo social que el victimario? Todos tenemos en nuestro interior la respuesta, solo que no nos atrevemos a expresarla.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

La reciente decisión del presidente de la república en el sentido de laborar el sector público sábados, domingos y feriados ha causado revuelo no solo legal sino pánico entre algunos burócratas (amen de algunos colegas de la ilustrísima orden que comenzaban a vociferar a voz en cuello el típico calificativo de “inconstitucional” contra la norma en cuestión).

Si bien el presidente retrocedió en su decisión inicial para terminar todo en un decreto de urgencia que precisa una atención relativa al usuario en los días inhábiles, de todas maneras invita a reflexión, sobretodo teniendo en cuenta que, por una razón u otra, un tercio de los días del año son inhábiles para la burocracia estatal. Pareciera que mentalmente nos encontramos todavía en la época de la Colonia, con abundantes días festivos, procesiones y poco trabajo.

Es cierto que una burocracia mueve el aparato del estado. Es necesaria tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Ya en el siglo pasado Max Weber sostenía fundadamente sobre su importancia. Que esa burocracia se autofija ciertas prebendas desde sueldos hasta días pagados sin trabajar también es cierto. Pero no menos evidente es que el estado debe estar al servicio de la sociedad y no al revés. Es decir, el estado para ser eficiente debe brindar un servicio adecuado al ciudadano, quien lo mantiene con el pago de sus impuestos. Sin embargo, vemos que la burocracia estatal tiene abundantes privilegios sin el correspondiente servicio idóneo, como los “feriados puente”, donde se paraliza toda actividad pública por cuatro o cinco días, lo cual muchas veces resiente al sector privado al estar mutuamente relacionados. Hace poco, en el último feriado puente, constaté personalmente como tres colegios públicos tenían las puertas cerradas. No hubo clases, solo en un colegio del distrito de San Juan de Miraflores el director o la directora “se compró el pleito” con los docentes del Sutep y funcionó con normalidad. Si la educación es uno de los principales servicios que presta el estado, la pregunta obvia es cómo se puede dar el lujo de desperdiciar un día de labores. Y no me digan que será “recuperado” posteriormente. Esa recuperación jamás llega. Y así pasa en las demás dependencias estatales.

Volviendo a la eficiencia pública, la reforma del estado pasa por ella. No puede existir reforma sin eficiencia, y uno de los componentes de esta última es la calidad del servicio que brinde al ciudadano. Es cierto también, como dicen los administradores, que mayor cantidad no significa mayor calidad, por lo general es al revés, la calidad se deteriora por la excesiva cantidad, por lo que siguiendo con el silogismo, la medida decretada no necesariamente significaría mayor eficiencia, posiblemente sea al revés.

Creo que la decisión del “estado chambeador” debe ser pulida, refinada. Quizás se pueda comenzar abriendo mesas de parte, habilitando días, aperturando nuevos turnos y atendiendo las dependencias públicas en todas sus áreas los sábados hasta el mediodía, incluyendo los órganos de administración de justicia, los colegios y universidades estatales (como profesor me doy cuenta del deplorable nivel de un alumno egresado de colegio público y los “vacíos” que tiene su formación cuando ingresa a la educación universitaria); y, por supuesto, eliminando los nefastos “feriados puente”. Todo organizadamente, con ensayos focalizados en pequeñas muestras, no “a la loca”. Eso sería una buena señal.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

La muerte de Arturo “Zambo” Cavero fue aprovechada por los políticos y en especial el oficialismo, comenzando por el presidente de la República que declaró hasta día de duelo nacional el domingo 11 de Octubre. Todo este teatro ha contado con el beneplácito apoyo de los medios masivos de comunicación los que, sin ruborizarse, se subieron al carro del lagrimeo fácil. Como dice César Hildebrandt en el artículo que reproduzco a continuación, muchos peruanos ilustres murieron en el olvido y la absoluta ignorancia de sus connacionales, y sin desmerecer las cualidades del bardo criollo ni el homenaje que se merece, como bien señala Hildebrandt “Hasta para las lágrimas teatrales hay un límite”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

César Hildebrandt
Zambo Cavero
No tengo duda de que el Zambo Cavero era un ídolo popular.

La pregunta que tengo que hacer, desde el más modesto de los estupores, es si somos justos en este asunto de los funerales y los repartos póstumos.

Por ejemplo, un día, hace muchos años, se nos murió Juan Gonzalo Rose y, claro, la noticia salió en páginas interiores (y la TV ni siquiera la dio). Y como los apristas lo habían despedido del Instituto Nacional de Cultura, ningún discípulo de Haya se presentó al velorio.

Y esto que Juan Gonzalo fue uno de los grandes de la poesía. Grande de verdad.

Otro día, muchos años después, se murió, con los pulmones hechos puré, Félix Álvarez y la noticia ni siquiera salió en los periódicos. Álvarez era un escritor sólido, un erudito oceánico y una de las mentes más agudas del Perú (porque, aunque nació en España, adoptó nuestro país como el suyo).

Alejandro Romualdo –otro poeta mayor y tempestuoso- se convirtió en una breve noticia policial cuando se murió a solas, como había querido, en su casita de San Isidro el año 2008.

Y no me acuerdo de que le hayan dado tantos júbilos de velatorio a José Adolph, el prolífico escritor de ciencia ficción, ni a Gustavo Pons Muzzo, maestro con mayúsculas, ni a Javier Mariátegui Chiappe, hijo del amauta José Carlos y desaparecido en el mismo año 2008.

¿Y cuántas transmisiones en vivo y de cuerpo presente hubo por la muerte de Constantino Carvallo, el gran educador? ¿Y por la de Pedro Planas, muerte precoz y más injusta que ninguna otra? ¿Y por la de Hugo Garavito? ¿Y por la de Sofocleto?

Paco Bendezú, poeta que tenía la gracia de la inocencia perdularia, murió de un cáncer desatendido en Neoplásicas, en la miseria y socorrido apenas por unos pocos amigos fieles. ¿Cuántos centímetros cuadrados le dedicó la prensa escrita peruana? ¿Y cuántos minutos la televisión embrutecida que pretende encuadernarnos?

¿Cuántas lágrimas se derramaron por Washington Delgado, poeta excepcional y empobrecido profesor de San Marcos?

Ninguna. Quizá porque no cantaba “Contigo Perú” sino que anunciaba: “Yo construyo mi país con palabras”. O porque no era amigo de Alan García. O porque vivió y murió en un país que cada vez más se parece a Fahrenheit 451, la ficción de Bradbury en la que los libros se persiguen y se queman.

Ayer, en pleno aquelarre funeral, escuché a Raúl Vargas –esa decepción generalizada, ese gourmet de sí mismo -alabar el seco de gato que Zambo Cavero comía y alentaba como potaje nacional y contribución a las misturas de Gastón.

Apagué la radio. Se puede ser un poco tonto (todos lo somos), pero hay un límite.

Hasta para las lágrimas teatrales hay un límite.

Adiós Zambo Cavero. Como que no te merecías las lloronas de encargo que se morían por salir en la tele y en la radio.
DIARIO LA PRIMERA 11.10.09

El anuncio reciente de parte del representante máximo de la SUNAT que llevaría ante INDECOPI a una docena de conocidas empresas y asociaciones por insolvencia ha causado revuelo no solo entre los afectados -en cuyo grupo se encuentra un conocido club deportivo- sino en medios jurídicos y económicos.

La primera pregunta que uno se hace es cómo se ha llegado a este clímax de deudas por más de once mil millones de soles.
La SUNAT posee los mecanismos y atributos legales para hacer cobro de las deudas tributarias; es más, hasta sus procesos de ejecución coactiva, donde es juez y parte, son considerados draconianos y lindantes a veces con la vulneración al debido proceso. Entonces, ¿cómo se llegó a esta situación extrema?, ¿por qué no cobraron a tiempo como lo hacen con otros contribuyentes más modestos, evitando así que la deuda se convierta en inmanejable por intereses y gastos de cobranza?

La respuesta no se encuentra tanto en la parte jurídico-instrumental del órgano tributario (los instrumentos de coerción legal con que cuenta), sino en los poderes fácticos que poseen estas conocidas empresas. Para nadie es un secreto que por su alcance, estos grandes deudores tributarios con una llamada o una conversación con algún ministro u otro personaje de la esfera oficial pueden “paralizar” un proceso de cobro, postergándolo para las calendas griegas. Pasa en la SUNAT y pasa en otras dependencias públicas. El caso más llamativo fue el de Panamericana Televisión, donde el administrador judicial, Genaro Delgado Parker, “postergó” el pago de una deuda tributaria de más de cien millones de soles hasta que dejó muy campante la televisora y entró la SUNAT a intervenirla -oh coincidencia- justo al día siguiente de su salida.

Precisamente, por lo del caso Panamericana, la SUNAT ha querido “curarse en salud” y evitar otra intervención de similar naturaleza. Ahora ha preferido “presionar” a los principales deudores tributarios con la amenaza de iniciar procedimientos concursales por insolvencia (y en escala menor, para los contribuyentes más pequeños, está difundiendo la campaña estilo cine terror de serie B del “ojo que te está mirando”).

A nadie, menos a empresas conocidas dentro y fuera del país, les gusta estar inmersos en procesos de cobro de similar calibre, por lo común es mala propaganda frente a terceros, y hacia eso es a lo que apunta la SUNAT: utilizar el principio de publicidad en una suerte de versión estatal de los célebres “hombrecitos amarillos”.

Pero, ¿con el procedimiento ante INDECOPI podrá cobrar las deudas tributarias? No necesariamente, dado que puede darse el caso que la empresa insolvente sea “un cascarón vacío”, es decir no tenga como pagar las obligaciones, ni bienes con que responder y menos dinero en efectivo; aparte que la SUNAT, conforme a las reglas concursales, no se encuentra en el primer rango de pago a los acreedores y por lo tanto no sería uno de los primeros en cobrar (de poderse cobrar algo).

Ante esa nada halagüeña perspectiva, el órgano tributario ha declarado que llevará a sendos procesos penales a los directivos de dichas empresas. Puede llevarlos, pero desde el punto de vista práctico no significa que pueda cobrar las deudas pendientes. La administración de justicia, de encontrar culpables a los encausados y luego de un largo proceso judicial de muchos, muchos años, les impondrá una sanción penal y una reparación civil a favor de la SUNAT, que posiblemente sea más simbólica que real y ni siquiera cubra los gastos del juicio, por lo que suponemos que está utilizando otro medio de presión, esta vez contra los representantes legales de la empresa. En buen criollo podría decirse: “ya pues, págame algo siquiera o te denuncio”.

La experiencia me enseña que cuando un acreedor cobra demasiado tarde a su deudor, a veces no encuentra nada que cobrar. Algo de eso le puede ocurrir a la SUNAT.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
ejjabogados@gmail.com

La reciente presentación en sociedad del “libro rojo” de Abimael Guzmán ha traído más polvareda mediática y del oficialismo de lo que merece. Desde aquellos sectores ultras de la derecha más dura que sin titubear exigían el arresto inmediato de los asistentes a la presentación, empezando por los abogados del líder terrorista, hasta los ministros y congresistas del APRA que se han rasgado las vestiduras y han buscado “chivos expiatorios” que carguen con toda la responsabilidad por la filtración del libro hacia fuera, sin olvidar a los senderistas o neosenderistas que inmediatamente han aprovechado la coyuntura publicitaria para pedir amnistía a favor de su líder y los principales cabecillas de SL.

Pero más allá de los réditos que saquen estos o el propio gobierno con una posición “firme” ante el terrorismo, vale la pena preguntarse si es más importante “condenar” un libro o tener una estrategia, equipos y personal altamente especializado en el VRAE. Qué importa más, combatir un libro o al narcoterrorismo. La respuesta que se de implica si se está o no centrado en el tema.

También es importante preguntarse si es delito o no la publicación y difusión del dichoso libro. Y que la intolerancia no nos gane en la respuesta. Ya Felipe Osterling, jurista conservador, insospechado de posiciones radicales, ha declarado que el libro éticamente es condenable. Ojo con el adverbio: “éticamente”, no dice que sea delito. La fiscal que estuvo presente en el operativo de vigilancia de la presentación tampoco fue de la idea de arrestar a los asistentes, dado que no estaban cometiendo ningún ilícito. Debemos recordar que en el Perú hace mucho tiempo ya no existe el llamado “delito de imprenta”. Una persona puede creer y hasta escribir que la lucha armada es la forma de llegar al poder y el terrorismo una estrategia adecuada y eso no tiene condena penal. Otra cosa distinta es que pase a los hechos. Abimael Guzmán está cumpliendo una larga condena en la Base Naval del Callao no por sus ideas cuando era profesor universitario, sino por haberlas puesto en práctica.

Llama la atención más bien la forma en que el gobierno, y en especial el Ministro de Justicia, han “levantado” la noticia. Bastante revuelo, como que se busca el ansiado “rating”, unos puntitos más de aprobación en la siguiente encuesta nacional o, de repente, contar con una efectiva “cortina de humo”. Cualquiera de las dos sospechas tiene fundamento.

Mostrarse firme ante el terrorismo es bueno, pero mucho mejor sería contar con una estrategia adecuada y los recursos necesarios para terminar con el negocio de la droga en el VRAE, antes que este se vuelva ingobernable y termine engulléndose a toda la sociedad y al estado.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Pasó desapercibido que meses atrás, por decreto del gobierno regional del Callao, se estableció disposiciones en materia de salud a favor de las mujeres que ejercen el oficio más antiguo del mundo o radiquen en la popular provincia constitucional.

Hay que reconocer el avance en materia de reconocimiento de derechos a favor de las trabajadoras sexuales que trae el decreto bajo comentario. No solo porque contiene igualdad de derechos, sino también porque eleva su dignidad como personas, emergiendo del estigma en que socialmente todavía se encuentra su profesión.

El primer paso es el reconocimiento de derechos en materia de salud, aspecto crucial debido a que por su trabajo se encuentran en alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, el cáncer al cuello uterino o el temible VIH. Pero, este primer paso debe ser completado a futuro con otros como auspiciar asociaciones de trabajadoras sexuales y así organizadas puedan defender mejor sus derechos como sucede en Europa; o, el acceso a una pensión de jubilación, ya que muchas veces el fin de su etapa laboral se ve relacionada con una extrema pobreza e incluso la mendicidad.

Ojalá la medida sea imitada por otros gobiernos regionales. Eso si, atendiendo a la igualdad que debe existir entre géneros, la norma no debería excluir a los trabajadores sexuales, a fin de no hacer distinción entre hombre o mujer, entre varon y varona.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

El siguiente artículo es muy ilustrativo de cómo se cambió las reglas de juego a fin de favorecer al consorcio de exportación del gas de Camisea, en desmedro del mercado interno. Se podría pensar que “el cambiazo” de legislación fue durante el gobierno “entreguista” de Alberto Fujimori, pero no, fue durante el gobierno “democrático” de Alejandro Toledo, incluso festinando trámites como detalla el artículo. Dicho sea de paso, el gobierno aprista no ha solucionado el problema, sino apenas puesto “un parche”, postergando la solución definitiva para el gobierno entrante, lo que traerá como consecuencia que el tema del gas de Camisea esté en la agenda de la campaña política de cara al 2011.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Camisea: así fue la cosa Por Humberto Campodónico
¿Cómo es posible que, en el gobierno de Toledo, se haya comprometido para la exportación la cantidad de 4 billones de pies cúbicos (bpc) cuando las reservas probadas totales de Camisea solo llegan a 8.8 billones de bpc? La respuesta es: hubo una intensa actividad de los “lobbies” que impulsaban intereses empresariales tanto a nivel del Poder Ejecutivo como en el Congreso para poder cambiar la legislación vigente que no permitía la exportación.
Estos “lobbies” le pusieron la puntería, primero, a la Ley 27133 de 1999 y a su Reglamento, el DS 040-EM-99, ambos vigentes cuando se firmó el Contrato de Camisea a fines del 2000. El DS 040 dice: “Se considera garantizado el abastecimiento de gas natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un periodo mínimo definido en el Contrato, el cual no podrá ser menor a un horizonte permanente de 20 años” (Art. 4).
La cuestión es que en el 2001 la Shell entregó el Lote 56 (adyacente al Lote 88), donde había invertido US$ 75 millones, encontrando más de 2 bpc de gas natural. Como no lo podía explotar, esos 2 bpc revirtieron gratis al Estado. Tomar la propiedad de las reservas de ese lote y destinarlo a la exportación fue el objetivo de Hunt Oil y SK, miembros del Consorcio Camisea.
En el 2003 se promulgó el DS 031 EM –siendo ministro Hans Flury– que cambia lo del “horizonte permanente de 20 años”. Ahora solo se dice que se abastece la demanda futura “por un periodo mínimo definido en el contrato”. Ya no hay garantía de “abastecimiento permanente”. Pero un DS siempre puede ser cuestionado, por lo que se necesitaba también cambiar la Ley 27133.
Así, en junio del 2005 el Congreso promulgó la Ley 28552, que modificó el Art. 4 de la Ley 27133, que ahora dice: “a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural”. Ya no hay nada sobre el “horizonte permanente de 20 años” ni tampoco lo del “periodo mínimo definido en el contrato”.
Los “lobbies” habían actuado bien. Pero había un problema: las reservas del Lote 56 eran muy pequeñas para abastecer un mercado de exportación, que necesita un contrato de largo plazo (20 años) con volúmenes superiores a 500 millones de pies cúbicos diarios. ¿Qué hacer, entonces? Muy simple: cambiar el contrato del Lote 88, para permitir que sus reservas también puedan ser exportadas. Recordemos que el Lote 88 tiene las mayores reservas de gas y ya había llegado a Lima en agosto del 2004.
En una de las jugadas más audaces que se recuerde, en diciembre del 2005 se promulgó el DS 050 2005-EM, que autoriza a Perupetro a modificar (renegociar) el Contrato del Lote 88 “para asegurar el abastecimiento del mercado interno por 20 años”, eufemismo para poder exportar sus reservas. En enero del 2006 se promulga el DS 006 2006 EM, que aprueba que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88, en el sentido que solo se tenga que autorizar el abastecimiento del mercado interno por años.
Listo y consumado el despojo al Perú de las reservas del Lote 88. Ahora sí se puede ya firmar el contrato de exportación. Y así fue: solo un mes después, en febrero del 2006, Perú LNG (consorcio exportador formado por Hunt Oil y SK, al cual después entró Repsol) suscribió dichos contratos, tanto con el Lote 88 como con el Lote 56.
FUENTE: DIARIO LA REPÚBLICA JUNIO 2009

¿Fue exitosa o no la reforma agraria? Si lo enfocamos desde la producción y productividad del campo evidentemente que no, fue más bien un sonado fracaso. Ello no se puede negar. Después de cuarenta años de iniciado el proceso de reforma de la tenencia de la tierra todavía se sienten sus secuelas en el campo. Se pasó del latifundio, de la concentración de la tierra en pocas manos, al minifundio, a la microparcelación entre los campesinos, que sin el apoyo técnico y créditos necesarios zozobraron en una economía de sobrevivencia. A ello se sumó el control de precios de aquel entonces, mecanismo por medio del cual literalmente el campo pasó a subsidiar los productos de panllevar a la ciudad, así como el control del mercado por una red de intermediarios que eran y son los que se quedan con la parte más lucrativa del negocio de los alimentos. Igualmente minó contra la reforma la cooperativización de las haciendas cañeras de la costa norte. Estas habían traído el proceso de industrialización al campo, a diferencia de las haciendas de la sierra, más enclavadas en la perspectiva tradicional del señor feudal y su vasallo. Ese proceso de industrialización fue interrumpido al pasar la administración a sus trabajadores, en una suerte de cooperativas agrarias de producción. Las pérdidas eran tan grandes que el estado tuvo que intervenir para que no quiebren. Ya no hablemos del pago con bonos que se les entregó a los propietarios de las haciendas expropiadas, bonos que sucesivos gobiernos nunca han honrado.

Fue un estruendoso fracaso la “estrella” de las reformas del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-75). El patrón ya no comerá de tú pobreza recitaba el eslogan de la época: la pobreza se comió al campesino. Sin embargo, existe un hecho sicológico y cultural que fue importante para desatar las amarras del Perú tradicional y surcar este nuevo Perú que todavía está definiéndose: el campesino dejo de ser vasallo, ente cosificado sin derechos, para elevarse a la categoría de persona con derechos inalienables. Eso crea una sensación de dignidad, que es la compuerta para entrar a la categoría de ciudadano. El acceso a la educación y a las grandes ciudades de los campesinos que migraban por las escasas oportunidades del campo fue construyendo el nuevo Perú. Curiosamente un fracaso económico posibilitó un fenómeno sociológico.

Ahora estamos yendo otra vez al extremo anterior del péndulo: la legislación y las políticas agrarias están encaminadas hacia la concentración de la tierra en pocas manos. La “privatización” del campo fomenta la concentración del capital, lo que si bien posibilita una economía agraria a escala, también genera que el poder económico se detente en pocos, y eso a la larga nunca es bueno.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Desde Lima vemos muy pero muy distante lo que sucede en la Selva, continente ignoto que conocemos y comprendemos casi nada. Siempre fue así. Desde la Colonia y en la República misma. Era una tierra sin riquezas mineras que extraer y recién a inicios del siglo XX con el caucho, la avidez y la rapiña de algunos hizo volver los ojos al oriente peruano, sustituidos ahora esos depredadores del pasado por las empresas del narcotráfico, con una peligrosa combinación de drogas, dinero, corrupción y armas.

Lo acaecido en Bagua el viernes 5 parece extraído de la novela La guerra del fin del mundo. Fuerzas retrógradas que se resisten a la modernidad, a la “occidentalización de la selva”. Y hasta tendrían su “Consejero” como en la novela de Mario Vargas Llosa, alentando a los nativos a luchar contra el gobierno y todo lo que representa, siendo el mismo poco menos que la personificación del diablo. Arcos y flechas contra fusiles. Arcaísmo versus modernidad. Pero, ¿es así de simple o el asunto es más complejo?

Lo sucedido no pasaría de una comedia de equívocos donde las partes hablan lenguajes distintos, sino fuera por los peruanos muertos a ambos lados. La cifra exacta aún no se conoce y cuando se conozca quizás se sumen a las responsabilidades políticas que el humalismo y el gobierno se achacan mutuamente, las penales. No solo la de dos ministros cuya cabeza se está exigiendo, sino la de los autores mediatos e inmediatos, materiales e intelectuales. Lo que si queda claro es que no podemos ver la tragedia con sectarismo. No hay “malos” absolutos, ni “buenos” que subir a un altar.

Calificar a posteriori los sangrientos sucesos con un “se pudo evitar” suena a chiste de mal gusto. A posteriori, todos, sin excepción, somos estrategas brillantes de batallas ya realizadas. Han existido intereses del gobierno y su bancada congresal en no derogar los decretos cuestionados por el tema del TLC; pero, también ha existido intransigencia por parte de los representantes de los nativos venidos a “dialogar” a Lima. Fue un diálogo de sordos con una cuota de cálculo político por parte del grupo político de Ollanta Humala que quiso pescar a “río revuelto” (y parece que digitado desde Caracas y La Paz). A ello se han sumado ONG’s radicales y medios de comunicación de la región exacerbando el ánimo de los nativos y llamando a una “violencia defensiva” contra la policía y contra la “apropiación” de sus tierras y el agua. Es que cuando se hace un trabajo de “lavado de cabeza” diciéndoles a personas que viven en contacto con su tierra, en una relación casi sagrada, que por los decretos en cuestión se las van a quitar, es como si a usted le dijeran que por una ley del congreso le quitaran su casa de inmediato y sin darle un centavo a cambio. ¿Cómo reaccionaría?

Esto trae a colación una constante en nuestra vida republicana. Las normas legales de todo orden y jerarquía son promulgadas sin consenso de los ciudadanos y sobretodo de los implicados con el efecto que esa norma tendrá en sus vidas. Las leyes se dictan desde Lima sin tomar en consideración la opinión de los afectados.

Una pregunta sencilla: ¿los nativos habrían creído que les iban a quitar sus tierras y privatizar el agua si se hubiera hecho docencia directa con ellos, explicándoles claramente el alcance de esas normas legales? ¿Se buscó, por ejemplo, la participación de antropólogos que conozcan la cultura y costumbres de la zona y sobretodo de clérigos católicos y evangélicos que gozan de gran respeto y credibilidad entre los lugareños de la amazonía? Cuando el gobierno se sentó a dialogar con una cúpula politizada, con agenda propia, fue demasiado tarde y los casi dos meses de bloqueo de las carreteras en el Oriente y la campaña de desinformación de cierta oposición que buscó ganar con el conflicto, terminó en un baño de sangre.

Un poco más de democracia horizontal y no creer que por ser nativo o “chuncho” como despectivamente les decimos los citadinos, no se merecen explicaciones de leyes que directamente les va a afectar su modo de vida. El principio de autoridad no es todo en un gobierno democrático. Es importante, sí; pero importa también evaluar el efecto que una norma legal tendrá en la realidad directa de una comunidad, más cuando se trata de una comunidad con costumbres y cultura totalmente distinta a la nuestra.

Es momento oportuno de “tender la mano” al adversario y un gesto del gobierno y su bancada sería derogando los decretos cuestionados, sin perjuicio de nuestra legislación interna de cara a los tratados comerciales. No importa si son o no son constitucionales. La formalidad legal no es tan importante en estos momentos, sino el mensaje que se de al adversario. La soberbia del vencedor no es buen consejero en política, menos escudarse en resquicios legales, y eso el presidente de la república en persona lo sabe muy bien. Derogar esos decretos sería un gesto de buena voluntad.

También se debe revisar el canon que beneficia más a las ciudades de la selva que a las comunidades nativas. Las comunidades son las más perjudicadas cuando se busca o extrae petróleo o gas en la selva. Se ve perjudicada su caza, que huye despavorida cuando siente la llegada de las máquinas del “hombre blanco”, y se ven perjudicados sus ríos que se envenenan con los residuos tóxicos. Por eso, se debe revisar el canon y que los principales beneficiados sean los que viven en la selva misma, no los citadinos. En otros países ya se ha aplicado ese sistema con buenos resultados, así que no se está inventando nada nuevo.

Y, es hora que los actores políticos maduren. No solo por parte del gobierno (sabemos que Yehude Simon hizo todo lo posible para solucionar el problema, pero no encontró eco en la bancada oficialista), también por parte de la oposición, especialmente de los humalistas. Se requiere madurez y serenidad, no cálculo político de cara al 2011.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Un viejo dicho dice “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también debe parecerlo”. Los ingresos por presuntas “asesorías” de la esposa del candidato Ollanta Humala tienen un origen poco claro (en los tres últimos años ha recibido en su cuenta personal depósitos por más de US$ 200,000.00, de los cuales US$ 36,000.00 no tienen origen identificable). Si bien, al parecer, no existen indicios de delitos hasta el momento, desde el punto de vista ético deben ser justificados dichos ingresos, más tratándose de la esposa de un candidato presidencial y, por añadidura, presumible candidata también en las justas municipales.
Todo parece indicar que más allá de la supuesta “conspiración aprista-derechista-fujimorista” como arguyen los nacionalistas y cierto sector de la izquierda, se han utilizado “empresas de fachada” para “subsidiar” desde Venezuela al candidato Ollanta Humala con un “sencillo” a fin que viva dignamente hasta la campaña del 2011 (por eso también se entiende que él no retire su pensión de ex comandante para sus gastos corrientes, dado que tiene otros ingresos).

No cabe duda que tanto en la izquierda como en la derecha, todos o casi todos los candidatos ven a la política como un negocio para enriquecerse. Como dijo inteligentemente una mujer muy perspicaz: “La pobreza es un buen negocio y cada vez son más los que se dan cuenta, en especial quienes viven fuera de ella”.
Es muy cierto, autoproclamarse “abanderado de los pobres” se ha convertido en un negocio muy rentable para muchos políticos y ciertas organizaciones privadas que viven de los que no tienen nada. No existe mejor coartada que el membrete de defensor de los pobres y cuando se detecta alguna irregularidad a la persona que se llena la boca (y la barriga) con los desposeídos, vocifera inmediatamente “persecución”.

En ese contexto, es lamentable que una parte de la izquierda se haya convertido en “furgón de cola” de Ollanta Humala, y en vez de “aggiornar” el pensamiento y la acción de la izquierda (necesarios a todas luces), defiendan a la Sra. Humala con el triste argumento “del todos roban” para justificar lo injustificable, nivelándose al ras del suelo con los políticos corruptos y mendigando “un puestecito” en la lista congresal del nacionalismo o siquiera un cargo de asesor. Esa no es la izquierda de José Carlos Mariátegui, de Luis de la Puente y Uceda, de Javier Heraud o de Alfonso Barrantes. Con esa actitud vergonzante, la izquierda se comporta como la derecha rancia y mercantilista que solo busca “su tajada” en la repartija del poder.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Luego de muchas semanas de silencio, el Ministro de Trasportes y Comunicaciones anunció que se ha optado por el estándar japonés-brasileño para la televisión digital terrestre en Perú (en adelante tdt).

El proceso de implementación de la tdt tiene distintas etapas de carácter progresivo: la primera fue la conformación de una Comisión Multisectorial a fin que evalúe los distintos estándares vigentes y vea cuál se adapta mejor a la realidad peruana (los estándares más conocidos son el norteamericano, el europeo y el japonés, el elegido es una variante del japonés adaptado a Brasil). Esa primera etapa concluyó semanas atrás, cuando la Comisión entregó su informe técnico al MTC, por lo que cabía esperar el anuncio de las autoridades sobre el estándar elegido, a fin de dar paso a la siguiente etapa que es la implementación gradual de la tdt en nuestro país, etapa donde “convivirá” la tv analógica con la tv digital y cuyo plazo de duración será aproximadamente diez años, hasta que se produzca “el apagón analógico” y toda la televisión sea digital ciento por ciento (es decir emitida y recibida bajo el código binario de los ceros y unos)*.

Lo que llama la atención es que a la fecha el MTC no ha publicado en su página web el informe técnico de la Comisión Multisectorial recomendando el estándar elegido. Sabemos que esta comisión se tomó largos meses para ensayar y probar cada estándar en distintas zonas del país, razón por la cual fue prorrogada su vigencia sucesivamente hasta el presente año. Por un principio de transparencia y derecho a la información debería publicitarse el informe de la Comisión a fin de ser discutido y debatido por los especialistas en el tema. No dudamos de las bondades del estándar elegido, pero ello no resta la necesidad de hacer público los criterios que tuvo la Comisión a fin de seleccionarlo entre los tres disponibles.

La ciudadanía está en su derecho de saber por qué se eligió uno y no otro, a fin de evitar suspicacias por el secretismo en que hasta ahora se ha tramitado todo lo relacionado con el estándar elegido. Evidentemente llama la atención que se haya seleccionado un estándar que en la región únicamente lo tiene Brasil (que busca “imponerlo” en Sudamérica -el mismo Lula está dirigiendo las negociaciones-), tratando actualmente de convencer a su vecino, Argentina, para que también se decida por el estándar japonés-brasileño (aunque los argentinos están buscando que Brasil trasfiera tecnología y parte de los elementos necesarios se produzcan localmente a fin de generar fuentes de trabajo en el país y tributos para el estado por las empresas que se constituyan).

Obviamente llama también la atención que las asociaciones de Tv locales –que solo son parte como concesionarias de frecuencia - hayan elogiado apologéticamente el estándar elegido mediante avisos pagados a página completa en los medios de prensa (y de paso han buscado sino ampliar, por lo menos mantener ciertas prebendas).

Como señalamos, la publicación del informe técnico es necesario tanto por un principio de transparencia, como porque los ciudadanos están en todo el derecho a ser debidamente informados.

Por otra parte, se viene un problema para los consumidores finales que ya han comprado un televisor digital (lcd o plasma). Si no tiene el estándar elegido, ese televisor necesitará un decodificador de señal (set-top-box o stb por sus siglas en inglés) cuando se implemente la tdt, lo que ocasionará un gasto mayor al que costó el aparato.

¿Cuánto costará el decodificador? Al no existir un control de precios y sustentarse estos en la oferta y demanda del mercado, solo nos podemos basar en la experiencia brasileña, que fue un quebradero de cabeza para los consumidores cariocas y que pese a las exhortaciones gubernamentales, las empresas distribuidoras del stb no bajaron el precio sino después de mucho tiempo, cuando ingresó un modelo de fabricación popular (los importadores en Brasil del stb sabían muy bien que tenían un mercado cautivo al cual “exprimieron” al máximo). Según los datos que tenemos el decodificador llegó a superar los doscientos dólares en un primer momento, para luego ir bajando de precio hasta posicionarse en alrededor de noventa, y luego ingresar al mercado uno de manufactura popular y simpleza de funciones a treinta dólares (al parecer el mismo que está auspiciando el gobierno peruano).
Eso nos podría dar una idea del costo del decodificador para aquellos que ya compraron un tv digital (que como veremos en el siguiente párrafo los ofertados en el medio no son totalmente digital).

Quienes no compraron un tv digital y piensan adquirir uno, es recomendable que se cercioren antes si tiene el estándar elegido por el MTC. Para ello se debe actuar como un consumidor razonable y buscar información de manera objetiva. Obvio que en la tienda comercial por vender el aparato les pueden asegurar que “sí tiene el estándar elegido” o “que viene preparado para ponerlo” (lo cual es una verdad a medias), así que para no pecar de ingenuos, lo mejor sería revisar la página web de la marca seleccionada (todas o casi todas las marcas tienen su página web) y verifiquen bien por su propia cuenta. Según declaraciones de un representante de una conocida marca en el medio, los actuales televisores lcd y plasma ofrecidos tienen el sintonizador analógico y la imagen digital, por lo que obligadamente deberán utilizar un decodificador; y los televisores con el estándar requerido recién serán importados a partir del presente año. Asimismo, se estima que las primeras señales de prueba de la tv digital comenzarán a emitirse a partir del año 2011, dado que las estaciones emisoras deben renovar totalmente sus equipos técnicos.

Por ello es aconsejable esperar a que comiencen a traer los primeros tvs con el estándar seleccionado (sintonizador digital con el estándar japonés-brasileño e imagen digital). Allí van a tener trabajo las asociaciones de defensa de los consumidores. De hecho van a existir muchos problemas y reclamos con los tv digitales que se compren, teniendo en cuenta que se vienen las campañas masivas por el día de la madre (“regale un lcd a mamá”) y el día del padre (“dése un gusto y cómprese un tv digital). Lo mejor es actuar con prudencia y esperar a que las cosas se definan bien para adquirir un tv digital, comprarlo ahora puede ser prematuro y le traería serios dolores de cabeza a futuro.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

* El plazo de duración de la “convivencia” puede variar a más o menos, todo dependerá de la suficiente “masa crítica” de televisores que se hayan adaptado a la tv digital a fin que se produzca el definitivo “apagón analógico”. Asimismo, la tv digital significará un cambio revolucionario, tanto como lo fue internet en los noventa. La concepción que tengamos de la televisión será muy distinta (aunque no podemos decir lo mismo del contenido de los programas o de la distribución de las frecuencias, lo cual es otro asunto).

Como era de esperar, el fallo en primera instancia iba a polarizar las posiciones de los fujimoristas y anti-fujimoristas.

Resulta bastante apurado especular a favor o en contra sobre el derecho a los beneficios penitenciarios que pueda ser acreedor el ex presidente Fujimori a fin de reducir la condena impuesta, toda vez que se trata de una sentencia que no se encuentra firme y será revisada en su integridad en segunda instancia (existe un abanico de posibilidades en la sala revisora: desde el declarar nulo todo lo actuado y el proceso vuelva a “fojas cero”, que es lo menos probable, hasta la declaratoria de no haber nulidad y confirmada la sentencia de primera instancia en todos sus extremos; en el medio tenemos la absolución del condenado, también poco probable, y la rebaja de la pena, no aumento, en vista que el Fiscal declaró estar conforme con la condena impuesta).

Hemos visto que los “anti-fujimoristas” lindan en una posición dogmática y de “pensamiento único” al cerrarse en la intocabilidad del fallo judicial en primera instancia, como si fuese una verdad absoluta y revelada, olvidando que una garantía del debido proceso es precisamente la revisión en su integridad de cualquier sentencia. Al no querer que se mueva una sola coma de la sentencia de primera instancia (“ni tocada con el pétalo de una rosa” manifestó un conspicuo antifujimorista en declaraciones a un programa de televisión) revelan una actitud tan autoritaria y vertical como la del condenado en la época que gobernaba, desconociendo que en el derecho todo es revisable y no existen las verdades absolutas.
Tampoco se puede “condenar” con el calificativo de “fujimorista” a toda persona que emita una opinión en contra de la sentencia o manifieste ciertos reparos a la misma, queriendo así acallar toda voz disidente y usando los mismos métodos que utilizó el gobierno autocrático de Fujimori (y por consiguiente colocándose a su misma altura en el presente caso), ubicándose más allá del bien y del mal en una supuesta altura moral que más bien desdice sus fines.
Más serenidad y menos nerviosismo, que recién va a comenzar el segundo tiempo del partido.

Por otro lado, los fujimoristas no deben apresurarse en solicitar el indulto para el ex presidente dado que la sentencia todavía no se encuentra firme y por tanto no se puede indultar. Menos hacer veladas amenazas al presidente de la república en ejercicio, a fin que indulte al condenado (que AGP también tiene asuntos pendientes por las ejecuciones extra judiciales durante su primer mandato, el que se hallan producido en un “gobierno democrático” como ingenuamente sostuvieron algunos imprevistos defensores del actual mandatario o que los delitos “hayan prescrito” no lo eximirían de responsabilidad, se impone el principio jurídico “a igual razón, igual derecho”).
También exagera este grupo en señalar que con la sentencia ha ganado Sendero Luminoso. Eso está bien para exacerbar el ánimo de las huestes fujimoristas, pero no resiste el menor análisis ni político ni jurídico.

Unas palabras sobre la tipificación de los delitos al ex presidente.
La extradición concedida por los tribunales chilenos fue, entre otros, por el delito de homicidio calificado, no por los delitos de lesa humanidad como cierta prensa y algunos abogados han manifestado. Y ello por una razón bastante sencilla: los delitos imputados al ex presidente no son delitos de lesa humanidad en Chile, país que fue requerido por la extradición (principio de doble incriminación: el delito por el cual es reclamado el inculpado, debe también estar penado en el estado requerido –en el presente caso Chile-); y por añadidura ocurrieron entre los años 91 y 92, mucho antes que estos delitos fueran incorporados en nuestra legislación nacional (recién en el año 1998 los delitos contra la humanidad fueron incorporados al Código Penal por ley 26926). Por un principio jurídico de protección al reo incorporado a nuestra Carta Política, no existe la “retroactividad maligna”, es decir aquella que perjudique al procesado, sino todo lo contrario, solo existe la “retroactividad benigna”, aquella que sí lo favorece (y los que crean que la carta política del 93 es solo un “documento” y no merece el menor respeto, los invito a leer la Constitución del 79, dice lo mismo). Por ello, la condena en primera instancia señala que el inculpado es autor mediato por el delito de homicidio calificado, bajo la circunstancia agravante de alevosía. Lean el fallo en la página web del poder judicial y se darán cuenta. La sala condenatoria no podía ir más allá de los límites dispuestos por la extradición, ello en virtud de las garantías que ofrece dicha institución (la extradición “blinda” al extraditado), y también porque los delitos de lesa humanidad incorporados a nuestro ordenamiento legal son posteriores a los hechos imputados al acusado.

La confusión se ahondó a raíz que la Sala a fin de enfatizar su condena, a renglón seguido señaló que los mencionados delitos (es decir los de homicidio calificado y lesiones graves) “constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal” (sic), colocando así un “candado” a la pena. Efectivamente, son delitos contra la Humanidad, pero su aplicación no puede ser retroactiva por la garantía a favor del reo y porque la propia extradición fue solo por homicidio calificado, por lo que no podría aplicarse una retroactividad maligna en desmedro del procesado.

No vamos a especular sobre los intereses subjetivos de los miembros de la Sala al emitir el fallo condenatorio como ha sugerido cierta prensa (si lo redactaron ellos mismos o terceros, si estaban pensando en un “puestecito” en una corte u ONG internacional, o si la vanidad personal los hizo ver “la historia” con mayúscula antes que los hechos mismos, amén que tratándose de subjetividades todo puede ser materia especulable, hasta especular sobre la inquina o el odio que ciertos jueces le puedan tener al acusado, como también se deslizó) ya que carecemos de medios probatorios al respecto y sería desmerecer la labor de la Sala descalificándola con argumentos ad hóminem; pero, lo que sí es evidente y no se le pasa a nadie que esté inmerso dentro de la práctica jurídica, es la celeridad con que emitieron el fallo. Por el reducido lapso de tiempo entre la finalización de los alegatos y la lectura de la amplia y detallada sentencia (más de 700 páginas), indica que ya tenían listo un proyecto al que apenas hicieron algunos retoques. La verdad que el procedimiento de tener listo un proyecto de sentencia antes que termine el proceso en la instancia es una práctica bastante común en los órganos jurisdiccionales, sobretodo en los penales, para “ganar tiempo”, al considerarse los alegatos finales apenas un apéndice retórico, que se rescata si existe algo importante. Creo que se puede discernir con bastante proximidad que mientras el abogado del acusado agotaba la paciencia de la Sala con su extensa perorata de varias semanas (bastante innecesaria en muchos aspectos), esta iba preparando la sentencia. Al final, el abogado de la defensa le hizo un gran servicio a la Sala concediéndole el tiempo suficiente para razonar el extenso fallo condenatorio.

Precisamente, en cuanto a la defensa, hemos visto que en estos días se ha criticado con desmesura al abogado defensor de Fujimori, casi responsabilizándolo de lo ocurrido a su cliente. Se le ha señalado varios errores o vacíos en su defensa, bastante evidentes para cualquier procesalista. Es probable que los haya tenido, pero la verdad que la defensa del ex presidente era y es bastante difícil (algo así como defender una causa imposible). Es un caso complejo, con varias ramificaciones y vericuetos, y a un solo abogado siempre se le va a pasar alguna cosa, por más que sea hábil en su oficio o tenga varios ayudantes a su disposición. Lo más sensato para el acusado en estos casos es contar con un “pool” de abogados defensores y no uno solo, abogados especialistas en derecho penal y procesal penal, y también en derecho constitucional y en derecho penal internacional, que conozcan en profundidad la dogmática, jurisprudencia y legislación comparada que sobre el caso existe; más si tomamos en cuenta que va a ser muy difícil “romper” las tesis de la sentencia por lo bien razonadas y concatenadas que se encuentran (el razonamiento lógico-jurídico del fallo es impecable por lo que una estrategia de defensa va a requerir un grupo de especialistas de primer nivel que encuentren “fisuras” en la sentencia y, de ser posible, “la derrumben”, tarea nada fácil por cierto), sino también porque ya van a comenzar otros juicios en primera instancia contra el ex mandatario, aparte de un pedido de ampliación de la extradición a la Corte Suprema de Chile. Es muy difícil que con todo lo que se viene judicialmente pueda verlo en su integridad un solo abogado.

Hablando en términos futbolísticos, apenas ha terminado el primer tiempo y estamos en el intermedio antes que comience el segundo. Como me decía un profesor en mi época de estudiante: sangre fría y paciencia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

La condena al ex presidente Alberto Fujimori tiene varias aristas analizables. La principal es el importante antecedente -no solo en Perú- que en democracia y bajo un estado de derecho no existe la impunidad, ni siquiera para los presidentes. No será el fin de los gobiernos autocráticos ni nada parecido (no es una “vacuna” contra futuras dictaduras como piensa MVLL), pero sí un importante precedente tanto en el derecho como en la política.

Precisamente, la otra arista analizable es la política. Es imposible e impensable que el fallo legal no repercuta en la esfera política. En la vida real, ambas, política y justicia, se encuentran íntimamente relacionadas, por lo que se alimentan una a otra. El fallo repercutirá en una inmediata cohesión en el “frente interno” entre los simpatizantes del ex mandatario y una polarización entre fujimoristas y anti-fujimoristas; pero, como estamos en Perú, sin llegar a excesos de violencia política, a lo sumo violencia verbal o periodística bastante encendida. También repercutirá en cohesionar la candidatura de su hija Keiko de cara a las elecciones del 2011 y en un aumento de su caudal electoral y número de congresistas para las próximas elecciones. Paradojas de la política: el odio contra Fujimori de sus antagonistas reforzará al fujimorismo.

Pero el juicio también plantea el dilema ético con respecto a la clásica sentencia atribuida a Maquiavelo de el fin justifica los medios. Los seguidores del ex presidente sostienen los logros del gobierno fujimorista (fin del terrorismo, estabilidad económica, los cimientos del despegue del Perú en la región) tuvieron un costo y que ese costo se tradujo en ciertos “excesos”; sobretodo en la lucha anti-subversiva, pero que en una relación costo-beneficio se encuentran plenamente justificados, al igual que el utilizar métodos vedados y hasta criminales contra los enemigos del régimen, dado que los “políticos tradicionales” no habían hecho nada por el país y este se hundía en un marasmo de anarquía y destrucción a inicios de los noventa. El problema no es solo ético, sino jurídico y sobretodo político.

En el plano estrictamente judicial estamos solo en el primer tiempo. La sentencia es apelable y los criterios que tenga la Sala revisora pueden ser muy distintos de los que tuvo la Sala condenatoria. El derecho no es una ciencia exacta (ni siquiera llega al nivel de ciencia como creen o quieren hacer creer algunos colegas) y es tan opinable como letrados pueden existir (un ejemplo claro es la división de opiniones con respecto a la calificación de delitos imputados, para unos son de lesa humanidad, para otros solo de homicidio agravado).
Personalmente no dudo que el proceso ha concluido en primera instancia con todas las garantías para el acusado. Es más, hasta presenciamos unos alegatos ditirámbicos y bastante tinterillescos de su abogado defensor sin que la Sala lo interrumpa o corte la prolongada intervención (que duró varias sesiones). Podemos discrepar de la dureza del fallo, de las inferencias que utilizó la Sala para llegar a las conclusiones expuestas o de la teoría penal aplicada (la teoría del dominio del hecho), pero no de la falta de un debido proceso ni de una impecable lógica jurídica en la estructura de la sentencia.

Es solo el primer tiempo que hará aumentar el calor político del medio en este otoño de mañanas frías.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Hay varias formas de “medir” el grado de calidad o mediocridad de una institución. Una es saber a quién premia con condecoraciones, sobretodo tratándose de una institución pública como el Congreso de la República. Esta vez no se le ocurrió idea más brillante a la presidenta de la Comisión de la Mujer que “condecorar” a Magaly Medina por el Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo), supuestamente –según declaraciones de la propia responsable de la condecoración- por ser mujer emblemática del Perú actual. Si la señora Karina Beteta, presidenta de la referida comisión, hubiese hecho el homenaje con su propio peculio y en un recinto privado (un restaurante, una peña o en su propia casa) no habría problema. Pero, lo ha hecho con dinero de todos los contribuyentes y en un recinto público como es el propio Parlamento, comprometiendo así a toda la institución; y, encima actuando de manera personalista cuando se trata de un ente colegiado (aunque en el video difundido vemos a otras congresistas de distintas tiendas políticas que con su presencia avalaron la condecoración).

No es necesario ser muy perspicaz para darse cuenta que lo buscado fue notoriedad y los congresistas metidos en la farra de repartir condecoraciones saben muy bien que condecorar a la señora Magaly Medina da “rating”, y ahora mucho más gracias a su reciente excarcelación.

La pregunta obvia es por qué no condecoraron, por ejemplo, a Kina Malpartida o a Claudia Llosa, que han cosechado lauros mucho más meritorios que los de la Sra. Medina, cuyo único mérito es meter las narices en la vida privada de los demás por una generosa retribución económica de un canal de televisión local; o, sin ir muy lejos, por qué no condecoraron a la madre humilde de un asentamiento humano, representativa ella sí de la mujer peruana que con esfuerzo saca adelante a su familia. Mujeres para condecorar tenemos en abundancia, pero no dan el rating y la propaganda que retribuye condecorar a una figura de la televisión como la conocida conductora del programa farandulero.

Signo de frivolidad y de falta de criterio de este Congreso, y de que se encuentra muy lejos del sentir popular, encerrados en su cripta y olvidados por el pueblo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

En dos hechos recientes que nos deberían colmar de orgullo y aplaudir sin reservas, no obstante se ha instalado sino la envidia por lo menos la mezquindad. Uno, es la obtención del Oso de Oro para La teta asustada. No todos los días un filme peruano, realizado por peruana y protagonizado por peruanos, gana tan prestigioso premio. El festival de Berlín es uno de los más importantes, respetados y serios del mundo. No es el Oscar de Hollywood que premia la espectacularidad o lo “políticamente correcto” para la Academia. La Berlinale busca ciertas exigencias fílmicas o algún contenido interesante. Sin embargo, hemos presenciado críticas de “racismo” o “manipulación” a una película que ni siquiera se ha estrenado ni ha sido visionada entre nosotros. La pregunta obvia es cómo puedo criticar algo que jamás he visto, salvo que se tenga el don de la clarividencia.

El otro hecho es el triunfo de la peruano-australiana Kina Malpartida en el boxeo femenino. Se pidió, y con justicia, los laureles deportivos para la ganadora; sin embargo, han salido los peros por allí y el maltrato injustificado. Si boxeó con la bandera del Perú o con la de Australia, que hace cuánto tiempo se fue del país, que si se siente más peruana o australiana y otras “perlas” más. Es cierto que la muchacha se fue porque acá no iba a desarrollar su carrera, como dice el dicho “por mi mejoría hasta mi casa dejaría”; pero, mientras otros países se sentirían orgullosos de tener una deportista de la talla de Kina y la colmarían de premios e incluso buscarían que se quede para que haga escuela dándole lo mejor, acá se buscaron los “peros” para mezquinarle un justo premio (posición que parece se va a rectificar).

Haya de la Torre decía que en el Perú se produce la política del “palo encebado”, es decir que mientras en otros países se aplaude y apoya a quien quiere surgir, acá es al revés, se busca mas bien que resbale del palo. Es la política de premiar la mediocridad no la inteligencia, de ser homogéneos en una chatura gris y si es corrupta mejor. Creo que a ello se ha sumado que tanto Claudia Llosa como Kina Malpartida sean mujeres. Muchos machistas lo negarán, pero como que se sienten menos frente a dos mujeres que con esfuerzo han conseguido los logros que ellos jamás consiguieron ni conseguirán. Deberían aprender más bien de ellas, que con trabajo y tesón es que se consiguen las cosas. Y, es hora de cambiar de mentalidad, de dejar de lado “el palo encebado” si queremos ser un país verdaderamente moderno.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

La cifra la ha publicitado el Instituto Guestalt de Lima. No revela como ha llegado a esa cantidad, ni qué técnica de muestreo ha usado, o si se trata solo de un grueso estimado “a ojo de buen cubero”. Sea como fuese, y de abarcar todo el país, me parece que el estimado se queda corto.

Como siempre sucede en estos casos, no es tan importante la cifra sino la posición que sobre el tema se tenga. Los anti-divorcistas optarán por una legislación que dificulte el divorcio a fin de preservar la institución familiar. Los que abogan por una simplificación en los trámites preferirán que la legislación se flexibilice más para los casos en que la pareja decida tomar caminos separados.

Creo que más importante que la cifra arrojada es conocer las causas que motivan divorciarse y cuál es la media actual de un matrimonio o, para ser más preciso, cuántos años dura un matrimonio moderno. Quizás sorprendan los resultados. Tampoco está claro qué matrimonios sobreviven mejor a los avatares de la vida, si los de confesión católica o los evangélicos (excluyo, por ser minoría, a los que no profesan ninguna religión –ateos o agnósticos- pero que cuentan con sólidos valores). O en buen romance, si la confesión religiosa ayuda a mantener la unión conyugal. Pareciera que sí y parece que los evangélicos se llevan las palmas.

Igual sucede con respecto al rubro infidelidades, uno de los factores que más resquebraja la relación conyugal. No es que los evangélicos sean unos santos laicos –que infieles los hay en esa cofradía y bien parranderos-, pero parece que entre ellos el número de infidelidades no es tan alto como entre los católicos. Probablemente el estilo de vida ayuda a que se mantenga la unión.

Si bien es cierto que las facilidades legales para divorciarse permiten que aumenten las causas de separación, no es menos cierto que nuestra legislación ni por asomo es divorcista; es más, quien quiera plantear una demanda de divorcio por causal determinada (el denominado por la doctrina jurídica “divorcio sanción”) sufrirá el vía crucis no solo del largo, tedioso e intrincado proceso, sino que tendrá un juez escéptico y proclive a “unir a las parejas” en una imposible conciliación o, en otras palabras, usted tendrá al árbitro en contra. Si, por ejemplo, demanda por la causal de adulterio, el magistrado para declarar fundada su demanda le pedirá las fotografías de su cónyuge teniendo sexo con otra persona y hasta las sábanas del hostal donde derramó el semen. Por eso, la mayoría opta por la separación convencional, suerte de “cajón de sastre” de las miserias conyugales cuando la pareja no las quiere exhibir en público, y que ahora se ha visto aliviada gracias al divorcio administrativo vía notarías y municipios.

Así que si usted, caro lector, cree que nuestra legislación es la culpable de la alta tasa de divorcios se encuentra equivocado.

El problema es institucional. La institución de la familia tal como la conocemos (“la familia tradicional”) se encuentra en crisis y busca válvulas de escape por donde encuentre, sea por el derecho a través de la legislación o, de ser imposible, por la vía del hecho, separándose las parejas pero manteniendo el vínculo legal. No creo que la familia vaya a desaparecer, pero sí la forma en que la conocemos ahora, dando paso a nuevas formas familiares.

Por eso, si bien es loable la campaña que promueve el Instituto Guestalt de Lima con terapias del perdón, ejercicios de caricias y todo lo demás, estas no ayudan cuando un matrimonio se encuentra en crisis total. Generalmente la disolución se produce luego de años de debilitamiento del vínculo y cuando esta ya es irreversible no vale ninguna terapia del perdón ni ejercicios de caricias que valgan, sino cerrar ese capítulo de la manera más digna posible, aprender las lecciones que el fracaso conlleva y cada uno rehacer su vida lo mejor que pueda.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

La política y la economía se encuentran muy relacionadas. Las compuertas de comunicación entre ambas son vastas y bastante porosas. Por eso el dilema de la titularidad en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿el ministro debe ser un político o un tecnócrata? Algunos se inclinan al primer perfil, otros al segundo. Cada uno tiene razones sustentables para optar o no por uno o por otro.
Lo ideal sería una combinación de ambos perfiles, pero tipos de esa especie son escasísimos. Generalmente los políticos no entienden mucho la materia económica y se confían demasiado en sus asesores (aunque ha habido excepciones de políticos con buen manejo en la llamada “ciencia de los recursos escasos”). A los tecnócratas se les reputa de insensibles con el problema social y guiarse demasiado por las “recetas económicas” (algo así como que un Chef de restaurante cinco tenedores se guíe por su librito de cocina de Teresa Ocampo). También se les acusa de ser poco propensos al diálogo y amurallarse en su dogma, lo que no sucede con un político, generalmente tipos locuaces que pueden caer en el exceso de estar todo el día discurseando sin ton ni son. Otro defecto que se encuentra en los tecnócratas es que creen tener consigo “la verdad” guiados por su “biblia económica” (el librito de cocina); pero, un político se puede perder en excesivas divagaciones y querer satisfacer a todos, extraviándose en la ruta.

Sin embargo, dado que en los tiempos actuales las economías no son autárquicas como antaño y los organismos internacionales tienen una presencia mayor en países como el nuestro (y considerando también lo nefasto que fueron los políticos cuando se inmiscuyeron en la economía –v. gr. AGP en su primer gobierno-), la tradición en los últimos años ha sido que el MEF esté bajo la batuta de un técnico independiente, ni siquiera afín al partido político en el gobierno, de edad mediana, generalmente con pasantía acreditada en su currículo sea en un organismo financiero internacional o en un banco extranjero y por añadidura estudios de post grado en alguna universidad de Estados Unidos o Europa. En pocas palabras: que sea un profesional cien por ciento creyente del orden económico mundial (abstenerse los contestatarios o críticos al sistema). Más o menos ese es el perfil buscado en los últimos años para ser ministro de economía. (Si usted, amable lector, quiere ser ministro de ese portafolio tome en cuenta esos datos). Supuesta garantía que los asuntos económicos estarán en buenas manos. Como veremos más adelante no siempre es así.

Cuando fue anunciado Luis Valdivieso como el relevo de Luis Carranza, era visto como la sucesión de un técnico por otro técnico; pero, lo que podía ser una continuidad de políticas económicas en piloto automático se vio repentina y bruscamente modificado por el panorama de la crisis financiera desatada hacia el último trimestre del año 2008. Allí es donde vinieron los problemas del “mago” Valdivieso. Burócrata proveniente de las filas del Fondo Monetario Internacional, tenía un “recetario” previsto del cual le fue muy difícil salir. Con la mentalidad de hacer solo “recortes” en los distintos sectores y generar superávit (típica receta fondomonetarista) no tuvo reflejos suficientes para adaptarse a los nuevos tiempos y “cambiar de receta” de acuerdo al nuevo menú disponible. Si en una economía sin sobresaltos externos se debe cuidar que no se “sobrecaliente” (los precios comiencen a subir por excesiva demanda), en tiempos de crisis se debe cuidar que “no se caiga” el crecimiento o por lo menos mantenerlo a cierto nivel para “no parar en seco”, y para ello lo único que queda es la vieja receta keynesiana del gasto fiscal. La inflación no es tanto el problema número uno, sino “estimular” al sector privado para que se continúe con las inversiones y no se detenga el crecimiento. Es lo que están haciendo matices más matices menos (y miles de millones más o miles de millones menos) EEUU, los países europeos, Japón y la propia China.

Esa es “toda la magia”. No hay más (claro, fiscalizando bien los gastos, no vaya a ser que a rio revuelto…). Lamentablemente Luis “el mago” Valdivieso se perdió en recovecos y en dudas hamletianas que ponían en peligro el plan anti-crisis. Dentro de sus parámetros no lo entendió y no quedó más remedio que su cabeza pase por la guillotina. Por supuesto, de manera elegante, con algún puesto en alguna embajada u organismo internacional. Esos cargos “de relumbrón” que impresionan por el nombre pero que no implican decisión ejecutiva alguna.

Luis “el puma” Carranza estaba en las reservas del equipo como asesor, ante un posible recambio. Las ventajas estriban en que Carranza es un tipo “potable” para los organismos internacionales (léase no es crítico del sistema económico y sigue el credo ortodoxo) y por otro lado tiene ya cierto “expertise” en la cartera. El asumir el portafolio “no lo agarra en frío” como sería a un novato en el cargo. Ha estado en el MEF “en la época de las vacas gordas”, ahora le toca lidiar un panorama distinto. Claro, no todo en su anterior gestión ha sido cien por ciento efectivo y tampoco se le puede dibujar como poco menos que un héroe nacional comparable a Grau o Bolognesi solo por aceptar el encargo en esta época, tal como han calificado ciertos articulistas ditirámbicos sino cuasi franeleros de Carranza (algunos han llevado la franela hasta hablar de “mariscales” con pintura de Napoleón incluida).
Hay cosas que son discutibles de su gestión anterior; pero se requiere en el puesto un tipo práctico y que se olvide de las “recetas de economía”. Y, como le recomendó el propio Pedro Pablo Kuczynski (un tecnócrata que aprendió que la economía requiere sobretodo sentido común más que aplicar recetas, ave raris de combinación de político y tecnócrata, posiblemente en vías de convertirse totalmente lo primero), estar abierto al diálogo. En buen romance, no amurallarse tras su oficina creyendo tener “la verdad en su libro de cocina”.

Un tecnócrata que deberá tener “muñeca” y sintonizar políticas monetarias con políticas fiscales o en otras palabras sintonizar entre el MEF y el Banco Central de Reserva, así como con sus homólogos de las otras carteras, sobretodo las sociales (Salud, Educación, Vivienda, Medio ambiente); además de conversar con todos los sectores económicos, no solo los grandes empresarios, también los pequeños e incluyendo a los siempre vapuleados trabajadores, última rueda del coche económico de este y de otros gobiernos.
Humildad, mucho humildad, virtud que se tiende a olvidar en las alturas.

Post Scriptum: Una contralora de Azángaro.- Cuando cerraba el presente artículo me informo que la aspirante a Contralora General de la República, Sra. Ingrid Suárez, habría presentado un currículo con información inexacta sobre sus estudios académicos, poco menos que profesional con título de jirón Azángaro. Es extraño que no se haya cruzado información de los aspirantes a tal delicado cargo (fiscalizar los dineros públicos), quizás predominó la buena fe de los evaluadores, pero era mejor demorarse un poco más en el proceso de evaluación y verificar si lo expresado en el currículo por el candidato se ajustaba o no a la verdad. He visto casos hasta de magistrados postulando a la Corte o Fiscalía Suprema que copian libros haciéndolos pasar como suyos, que no se verá en otros concursos. Imagínense un Contralor con “rabo de paja”, iba a estar a merced de chantajes y presiones del poder para que no lo saquen de su puesto. Lamentable por no decir otra cosa.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Si bien la reunión de Mayo pasado (ALCUE) era de un nutrido y variopinto grupo de países, esta vez es un club selecto. Es el club de los que tienen “billete”, de allí que se hayan esmerado las autoridades en tener listas las principales avenidas de la ciudad para la ocasión, a fin que sus distinguidos representantes no salten el trasero al menor bache.
A ese club selecto nos “colamos” con ciertas reticencias de los más antiguos socios que nos veían como advenedizos, “arribistas” y que no teníamos “pedigrí” para entrar al club, hasta que por fin nos aceptaron (nos guste o no, hay que reconocer la gestión del gobierno de Fujimori en los noventa para conseguir la admisión, algo que “se olvidó” en las noticias locales sobre el APEC). Y ahora nos tocó ser “anfitriones” del evento anual.

A diferencia del ALCUE, reunión sobretodo política, el APEC es más una oportunidad para hacer “business”. “Bisnear” y celebrar acuerdos comerciales entre los países. De allí que haya estado presente Jack Ma, el chino más rico de China (imagínense un millonario en un país socialista), promocionando su página web “Alibaba” (suave con los cuarenta ladrones nomás); que por cierto no lo dejaron hablar en Gamarra ante la rechifla de los textileros, encabezados por David “payasito” Waisman.
Pero, quien llamó la atención fue el presidente chino Hu Jintao que se quedó entre nosotros por cinco días y cinco noches hospedado en uno de los hoteles más lujosos y caros de la capital, y fue invitado a cuanta actividad social imaginable pueda suceder. Solo faltaba que lo inviten a cuyadas y polladas bailables para completar el cuadro, amén de las condecoraciones y diplomas con que lo han cargado por todos lados, y que con seguridad llenará un baúl entero.

Como tampoco podía ser de otra forma, se produjo no tanto una anti-cumbre como la vez pasada, pero sí un “mitín de protesta” promovido por la CGTP contra la visita de George Bush Jr. y “el imperialismo yanqui”. Aunque ya está de salida en su país y vino sobretodo a echarse entre pecho y espalda la mayor cantidad de pisco sours que pudo y, de paso, despedirse de sus homólogos cantando el jipijay. Claro, se mandó su discurso sobre la crisis, todo solemne y optimista y obviando que fue en su país donde se inició todo este embrollo. Así, con la mayor concha del mundo. Pero, a estas alturas, quién le va a ser caso. Sus pares le palmotearon la espalda y lo aplaudieron diciéndole “buena George”; pero, por lo bajo comentaban “ya fuiste”. Los únicos que se lo tomaron en serio fueron los chicos de la “Jornada cultural antiimperialista” (con “tribunal antiimperialista” incluido), como pomposamente calificaron sus organizadores a la raleada protesta contra la visita de Mr. Bush. Fue la nota folclórica que le dio colorido a la reunión y no podía faltar.

Es curioso, pero se ve como un peligro más al imperialismo encarnado en George Bush que el más fuerte y consistente que se está gestando en la China de hoy -a quienes algunos ilusos consideran todavía “socialista”-, o el ruso que se está recomponiendo luego de la caída del imperio soviético. Ambos imperialismos son más sanguinarios y autoritarios que el norteamericano, violadores sistemáticos de derechos humanos, y que a su lado el Tío Sam es niño de pecho en esos menesteres (que allá por lo menos cuentan con un Poder Judicial autónomo y fuerte como contrapeso al Ejecutivo). Sino pregúntenles a los chechenos o a los tibetanos como los extermina “la madre patria” rusa –que más parece madrastra- y el imperio celeste chino respectivamente; o pregúntenle a un trabajador chino cuántas horas al día debe trabajar en una fábrica -incluyendo niños-, cuánto es el salario que recibe y si es que puede sindicalizarse. Y pregúntenle también a don Mario Huamán –“el Lula peruano” como le han hecho creer al pobre- si podría hacer ese mismo mitin de protesta en la China de hoy sin que le pase nada. Otra vez la miopía de siempre.

Pero, todos estos acuerdos comerciales suscritos, inversiones que lleguen, de nada servirán a la inmensa mayoría de peruanos si no reformamos radicalmente la educación en el Perú. Cualquier proyecto de trasformación del país pasa por un sólido e inclusivo proceso educativo del niño y del ciudadano, vacío del cual todavía adolecemos. Educación, educación y más educación.

Una cumbre hermética –a los hombres de negocios, a diferencia de los políticos, no les gusta la publicidad-, que nos dio la sensación de ser por pocos días “el centro del mundo” y que a los limeños de a pie, después de más de cincuenta años, nos trajo por lo menos el beneficio de tener avenidas decentes por donde circular sin caer en un mortífero hueco. Ojalá duren nomás.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Por la coyuntura diaria olvidamos hechos que son más importantes. Humano es. En nuestra vida nos afanamos por las cosas efímeras y descuidamos lo importante, que pasa a nuestro costado sin darnos cuenta.

Este mes se conmemoran los 80 años de la publicación de los 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. El autor, es redundante decirlo, se trata de José Carlos Mariátegui.

Pocos autores han influido tanto en las generaciones posteriores como Mariátegui. A diferencia del otro intelectual que también más influenció en el pensamiento político peruano del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre, Mariátegui no dejó un partido político orgánico ni herederos directos. Sus herederos comprenden un arco tan grande y variopinto que van desde el líder del terrorismo que asoló el país a fines del siglo pasado, Abimael Guzmán, hasta izquierdistas moderados como el desaparecido Alfonso Barrantes que se autoproclamaba mariateguista.

Es difícil sino imposible conciliar tantos sucesores colaterales, sin contemplar los legados de pensadores que no pertenecen a la rama marxista leninista propiamente, pero que se sienten identificados con el pensamiento del Amauta, o, para ser más preciso, con su estilo de pensar.

Precisamente el ensayo fue el género que permitió el tanteo, la aproximación a la realidad, usando la imaginación y la crítica, para dar paso a un pensamiento creativo de estilo propio. En eso Mariátegui fue magistral, así como su uso de las herramientas que le proporcionó el marxismo, libre y sin las ataduras del dogma oficial.

Pero, qué se puede rescatar ochenta años después de los 7 Ensayos.
Si nos atenemos a la literalidad de los ensayos muy poco o casi nada. El Perú ha cambiado enormemente en las últimas décadas. Difícilmente lo reconocería el propio Amauta, o en un supuesto imposible, de vivir todavía habría reescrito su libro capital no una sino muchas veces con ediciones corregidas, modificadas y añadidas. Si como “herederos de Mariátegui” nos atenemos al principio de literalidad, creeremos que el Perú sigue siendo semi-feudal y semi-colonial o que el problema del indio sigue siendo el principal problema del país. Es lo que le sucedió a Sendero Luminoso cuando hizo su “análisis” de la sociedad peruana: se convirtieron en recitadores fanáticos de textos. Ese es el Mariátegui de pedestal, de estampita, que él hubiera aborrecido.

¿Cómo podemos ser tributarios del Amauta en estos tiempos tan revueltos?
Creo que la mejor forma de ser tributario del Amauta es siguiendo su método y su forma de ser: abierto a todas las corrientes de pensamientos pero crítico a la vez; tolerante con todas las formas de pensar pero siendo honestos y consecuentes con la propia; abrirse al horizonte cultural y “absorber” lo mejor pero trasformándolo creativamente; tener emoción social pero también frío razonamiento de los hechos, y al final decir orgullosos como él, queremos un socialismo (o un país mejor) sin calco ni copia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Según las doctrinas religiosas orientales, el Karma son las acciones de un ser y su retribución. La causa y el efecto. En otras palabras, “pagamos” por nuestros actos, en esta vida o en la siguiente.

El primer gobierno de Alan García estuvo caracterizado por dos hechos que marcaron su administración: la inflación que llegó a niveles astronómicos y la corrupción que también llegó a niveles siderales.

Si bien parecía querer desligarse de estos dos pesados lastres de su primera administración, ambos, poco a poco, subrepticiamente, sin que nadie lo note, han retornado como si se tratase de un destino trágico o de un “karma”. Sobre la inflación, si bien no estamos en los índices hiperinflacionarios de hace veinte años y es justo reconocer que gran parte no es su culpa –como sí lo fue en su primer gobierno-, pero que hay inflación reptante, la hay. Y sobre la corrupción revelada en los audios, donde dos connotados apristas están concertando esfuerzos nada santos a favor de una empresa extranjera para la concesión de lotes petroleros hace pensar como que los viejos tiempos vuelven de nuevo.

La primera pregunta que el ciudadano de a pie se hace es ¿se trata de un caso aislado de corrupción en la actual administración de AGP o pueden existir más casos similares por “desenterrar”? Todo parece indicar lo segundo. Sin ánimo de rasgarnos las vestiduras (en buena cuenta todos los gobiernos han tenido grados más o grados menos de corrupción), la verdad es que los compañeros tienen una vocación por copar las instituciones del estado y medrar de estas en lo cual son campeones, por lo que no sería raro que existan más casos similares. Y no se crea, como han sostenido algunos periodistas venales a favor del régimen, que estamos ante una conspiración o preguntándose masoquistamente quién pagó los benditos audios. Es difícil encontrar ingenuidad en esas preguntas, por lo general más bien existen oscuros intereses cuando se hacen, como queriendo desviar el foco de atención. Lo más sano es reconocer que sí hay corrupción en el presente gobierno, por infantil que pueda parecer admitirlo. Ese reconocimiento dice mucho más de quienes gobiernan que la tesis conspirativa de buscar “tumbarse” –o siquiera “desprestigiar”- al partido en el gobierno, o esgrimir la tesis acusativa preguntándose quién compró los audios, buscando culpables donde no debe ser. Generalmente los halagos o el echar la culpa a los demás (la tesis del “perro del hortelano”) llevan al despeñadero al gobierno de turno. Entre tanto aplauso interesado y lisonja cortesana es fácil perder el rumbo.

Por cierto, cuando se escuchan los audios, hablando con esa familiaridad, lo primero que se viene a la memoria son los videos de Montesinos. Todo “se arreglaba” de la misma manera: con naturalidad, entre amigos, acompañado de algunas palabras de grueso calibre que coloreen la conversa y, por supuesto, “billete de por medio”. El “cuánto hay” se impone. Tarde o temprano llega en el negocio del arreglo. En uno de los audios escuchamos entre ajos y cebollas de manera elegante hablar de “honorarios de éxito”. No coima por favor, eso será para un policía de tránsito, los corruptos de alto vuelo hablan de “honorarios de éxito”. Y en otro audio escuchamos con la mayor naturalidad, aludiendo al ex diputado Rómulo León Alegría, el “manager de la gestión”, a que tiene derecho a “ganarse los frejoles”. Con la mayor concha, como si el tráfico de influencias se tratase del trabajo más respetable y honrado del mundo. Gente curtida en estos menesteres. Precisamente escuchamos al “coordinador” de todas las transacciones, el tristemente célebre RLA, hablar con seguridad y desenvoltura al referirse a los “chanchullos” que hay que hacer para conseguir la licitación. Tiene “labia”, hay que reconocérselo, incluso se jacta de haber realizado “un faenón”. Un tipo con “expertise” en estos asuntos, de eso no cabe duda.

Igualmente llama la atención el desparpajo y la excesiva confianza con que hablan por teléfono los implicados, sin temor a ser escuchados o “chuponeados”. ¿Inexperiencia o soberbia? Creo que es más lo segundo. Tipos que se sienten protegidos por el poder y eso les permite hablar sin inhibiciones. Lo mismo les pasaba a los que se sentaban en la salita del SIN a hablar de sus problemas con el “Doc”: los ganaba la excesiva confianza de estar amparados por los poderosos de turno y que nada les iba a pasar. Y como aquella vez, existe similitud hasta en el show mediático de la “búsqueda del ladrón”. Igual que cuando Fujimori buscaba a Montesinos. Solo que a veces la historia se repite como comedia.
Los audios de la corrupción trajeron cola, se “tumbaron” un gabinete entero, con un premierato que tuvo una buena performance, pero que necesitaba oxigenación y la entrada de un nuevo equipo con Yehude Simon a la cabeza, izquierdista radical reciclado en socialdemócrata y que da un poco de confianza y optimismo frente a los hechos acaecidos (nos reservaremos para otra oportunidad un análisis de lo que pueda ofrecer al país cuando se presente ante el Congreso, pero se trata de un giro de timón hacia la centro izquierda de AGP, real o aparente lo veremos en las próximas semanas). Pero, más allá de lo que pueda augurar la nueva gestión y la defensa que el gobierno aprista ha hecho de sus principales líderes (y sobretodo “blindando” a AGP), tenemos a un gobernante acorralado entre sus dos más terribles “karmas”: la inflación y la corrupción. ¿Podrá salir de ellos?

Post Scriptum: Un lector me comenta sobre el caso de discriminación denunciado recientemente por Morgana Vargas Llosa. Entre audios y corruptelas pasó medio desapercibida la denuncia de Morgana que estando en un conocido restaurante campestre de Santa Clara, sus empleadas del hogar fueron discriminadas por los propios mozos. Segregación racial y social monda y lironda. Nadie se cree que los empleados hayan actuado por iniciativa propia como manifestaron los dueños en sus descargos (es como creer que el grupo Colina “se mandó” por su cuenta sin órdenes superiores) sino que se trata de una política de los propietarios del local. Lo mejor que se puede hacer es no ir jamás a ese restaurante y no recomendarlo, por lo menos hasta que cambie de política y no segregue a las personas. Es el poder que tenemos los consumidores.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Los sucesos en el Perú y en el mundo han pasado tan rápido que lo acaecido hace cuarenta años, el 3 de Octubre de 1968, tiene sabor a pre-historia, a “ya fue” como dicen los muchachos ahora. Quién se acuerda del general Juan Velasco Alvarado y la reforma nacionalista que lideró. Muy pocos, como que este 3 de Octubre pasó medio desapercibido.

Las “nacionalizaciones” de empresas extranjeras que inició con la IPC, la reforma agraria, el uso oficial del quechua, la confiscación de los periódicos o la formación de una frondosa e inepta burocracia consecuencia del rol empresarial del estado, son hitos de un proceso que quedará, como muchas cosas en el Perú, a medio hacer. ¿Fue necesaria la revolución nacionalista del 3 de Octubre? Visto a la distancia, pareciera que no; es más, vistos los resultados económicos de la reforma, supondría que incluso fue contraproducente. Y cuando un candidato en las últimas elecciones presidenciales enarboló las banderas del extinto general Velasco, auto declarándose “nacionalista”, prácticamente fue “crucificado”, generando un rechazo en gran parte del electorado (y los intonsos no crean encontrar en lo dicho una defensa de ese candidato, dado que el propio suscrito contribuyó con su “granito de arena” a la campaña de demolición).
Todavía hablar del gobierno reformista iniciado en 1968 genera polarizaciones, o estás a favor o estás en contra; algo muy similar a lo que sucede –a pesar que a muchos no les guste- cuando se habla del gobierno de Fujimori.

En esta época de “globalización” y de libre mercado, como que el nacionalismo suena a anacronismo y se cree rápidamente que más es el daño que el beneficio que pueda traer. Pero limitar el análisis de lo que comenzó el 3 de Octubre de 1968 al plano solo económico sería bastante reduccionista de un hecho tan complejo como las reformas que comenzaron aquel año; algo similar a cuando los neoliberales simplifican la rica tradición liberal nada más que al “libre mercado”. Simplificación ingenua o interesada.

A veces quienes lideran un proceso de cambio generan en la sociedad un efecto duradero que no estaba previsto en sus planes originales, mientras estos últimos no perduran más allá del tiempo que estuvieron en el poder. Un ejemplo de lo expuesto es Napoleón. Su sueño de la Francia imperial no duró más de diez años, pero su Código Civil lleva más de doscientos, y ha sido fuente de inspiración para muchos códigos civiles fuera de Francia. Un efecto secundario que no estaba previsto y tuvo más trascendencia que sus sueños de ambición.

Igual sucede con la reforma nacionalista de 1968. De la reforma iniciada aquel año, no queda nada. Es más, casi todos los proyectos reformistas fueron un sonoro fracaso y originaron una deuda externa enorme dado que no había financiamiento interno (por lo que se tuvo que recurrir a un “desembalse” en la llamada “segunda fase” del gobierno militar).
Pero quedaron dos cosas. La primera, una ideología nacionalista, cuyo referente básico pasa por la figura y gestión del general Juan Velasco Alvarado.
Que esta ideología puede ser totalmente debatible, lo puede ser; pero, que tiene un sustento de oposición a la globalización que vivimos y se presenta precisamente como alternativa anti-globalizadora, también lo es. Con mayor razón en esta época de crisis del sistema capitalista. Esa ideología no ha muerto y es posible –dependiendo como marchen las cosas en el Perú y el mundo- que pueda ser “resucitada” con fuerza en un futuro mediato o inmediato. Los fantasmas del pasado no han muerto, están vivitos y coleando.

Y el otro efecto secundario de la revolución nacionalista del 3 de Octubre es que gracias a ella se cortaron amarras y se eliminaron muchos lastres del pasado feudal y aristocrático que impedían una movilidad social de los de abajo. Los Quispes y los Mamanis pudieron emerger como actores sociales, dejando de ser considerados ciudadanos de segunda. Lo voy a poner de otra manera: fenómenos (en el sentido de hechos sociales) como el de estrellas de televisión del nombre, presencia y extracto social de Tula Rodríguez o Karen Dejo, o de congresistas con los apellidos Arpasi o Sucari (para no mencionar a dos ex presidentes, uno de origen marcadamente andino y otro hijo de migrantes japoneses), emergen gracias a la reforma nacionalista, a que se cambia la mentalidad feudal que teníamos, y se permite una mayor afluencia de los procesos inclusivos dentro de la sociedad peruana (procesos que todavía no han terminado). Esos cambios (de esquemas y de mentalidades) hubiesen sido imposibles sin la reforma del 3 de Octubre, dado que cortó las amarras que mentalmente nos mantenían atados a un pasado todavía colonial, a la llamada república aristocrática, cuyo tiro de gracia lo dio justamente Velasco (de allí también el odio o la gratitud que genera, “los cholos se igualaron” como decían antaño). Eso fue quizás lo más importante de aquel ya lejano proceso. Cortó amarras del pasado y nos hizo enfrentar a un nuevo Perú. A la “cholificación”. Para bien o para mal (esa es otra cosa), pero muy distinto al Perú anterior a 1968.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Quizás por el clima “más económico” que vivimos en la actualidad, medio que ha pasado desapercibido para la gran mayoría el quinto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR- sobre los trágicos sucesos acaecidos en la década del ochenta. Actualmente más nos preocupan la inflación, el crecimiento económico y “el chorreo”, o la crisis energética, que recordar un hecho trascendente e inusual en nuestra historia: se nombraba una comisión que debería recopilar toda la información que pudiese de los doce o trece años de violencia terrorista, seguido de conclusiones y sugerencias. La idea era que no se repita nunca más un hecho tan desgarrador.

Pero, como que la pesadilla que significó la década del terror es mejor olvidarla o relegarla a un segundo plano, lo cual es natural cuando se han vivido hechos demasiados duros (sin mencionar a los nacidos en la década del noventa, para los que solamente es historia de textos escolares lo que vivimos en carne viva los adultos). El olvido alivia. Eso está pasando ahora, prefiriendo sumirnos en una furia consumista que recordar hechos dolorosos del pasado. Aunque más bien la pregunta es si fue útil el informe final que emitió la CVR.

Más allá de la exactitud o no en las cifras de muertos y desaparecidos –bastante cuestionable por cierto, dada la metodología que usó para el cálculo- o de los intentos de ciertos sectores políticos de convertir “en dogma de fe” las conclusiones del informe, creo que sí fue útil porque permitió “exorcizar” un trauma de la sociedad peruana que no había sido resuelto en los años 90 cuando fueron capturados los principales líderes terroristas y desarticulados Sendero Luminoso y el MRTA. En ese sentido fue útil y necesario. Permitió librarnos de ciertos fantasmas del pasado. Ese proceso en el cual las víctimas de la violencia exponían en audiencias públicas, en una suerte de catarsis colectiva, los padecimientos de la locura terrorista, coadyuvando para “sacar afuera” tanta ira y dolor acumulado.
¿Qué falta por hacer? Falta mucho, sobretodo reforzar instituciones, pero quienes vivimos y padecimos la demencia terrorista y la insania de un estado que usó las mismas armas que sus oponentes; y que en paralelo sufrimos la crisis económica e hiperinflación en la década del ochenta, dándonos la sensación que en cualquier momento desaparecíamos como país, sabemos que esos “fantasmas” no están muertos sino apenas agazapados y que al menor descuido pueden saltar de nuevo. Por eso, debemos recordar esos hechos por más amargos y dolorosos que sean. Para que la historia no se repita y podamos decir con toda fuerza y seguridad: “¡Nunca más¡”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Hay normas que se caracterizan por ser absurdas y lindar hasta con lo risible como la ordenanza del alcalde del distrito de Jesús María que limita el número de canes por casa.

¿Se cumplirá? Evidentemente que no. Es imposible que se lleve un monitoreo de la norma sea por el principio de inviolabilidad del domicilio, que no puede ser forzado por ningún funcionario municipal (no podría ingresar a un domicilio particular sin mandato judicial) y por la propia logística de la comuna distrital, que dudo tenga una cantidad suficiente de inspectores o policías municipales que verifiquen el cumplimiento estricto de la norma. Es como querer controlar gatos, loros, cuyes o hámsters. Imposible.

Pero, la ordenanza en cuestión permite reflexionar sobre la utilidad o no de las normas que se emiten desde las de más alta jerarquía hasta las más humildes ordenanzas. Si comenzamos a numerar la cantidad de leyes que se promulgan y el nulo cumplimiento de las mismas, no solo dice de un ciudadano que todavía es indócil al acatamiento de dispositivos legales (el peruano, obvio, todavía no es un ciudadano suizo) sino de la escasa correspondencia entre norma legal y realidad social.

Si se tomaran un poquito de tiempo en reflexionar sobre ese punto difícilmente se promulgaría tanto disparate como el del control canino (que ya el propio alcalde ha tenido que retroceder insinuando un reglamento de la ordenanza “más suave”). Aunque también tiene que ver con el escaso ejercicio democrático de quienes detentan el poder por representación. Casi todas estas normas son inconsultas con el ciudadano, quien se ve sorprendido con la publicación de una ordenanza o de una ley que ni le va ni le viene y a veces hasta entorpece su vida. Cuando leo la opinión de especialistas sobre la variopinta infinidad de reglamentos promulgados (sea en el gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales) que en vez de ayudar perjudican al ciudadano, muchas veces porque a un oscuro burócrata “se le ocurrió” (en el cauce de la buena fe) o algún funcionario que dentro de la estructura del estado busca beneficiarse directa o indirectamente con la norma publicada (en el cauce de la mala fe), pienso que los anarquistas tenían razón al sostener que cuanto haya menos estado, mejor. Unas cuantas normas sencillas y bien hechas bastarían en vez de tan oscuro y frondoso andamiaje legal que muchas veces trata de encubrir fines no muy santos o a veces ridículos como la ordenanza contra los pobres canes de Jesús María.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Se bien que usted no es aficionado a la lectura, así que difícilmente leerá mi carta, pero como aquellos náufragos que arrojan una botella al mar, tengo una leve esperanza que llegue por el mar electrónico a su despacho. Porque me siento como un náufrago en mi propia ciudad entre calles cerradas y obras inconclusas. Quizás para usted debo ser uno de los que están contra el progreso (una variante del “perro del hortelano” de nuestro presidente) o que no quiere romper los huevos para hacer la tortilla, en la usual metáfora que suele emplear cuando escapa de su habitual mudez. Pero, las obras que empiezan con el natural estilo eufórico de su administración, con un cartelito donde se distingue una imagen de cómo será “la nueva avenida”, pasan rápidamente a un deplorable estado depresivo dado que destrozada “la vieja avenida” no se ve personal que esté edificando “la moderna”, la que quedará para la posteridad, salvo un par de operarios que con una pala extraen la tierra hacia una carretilla. Y así pasan semanas y semanas sin que nadie de razón del motivo de tanta melancólica inacción. Igual sucede con las obras “inauguradas” (sería más preciso decir reinauguradas) donde lo nuevo solo consiste en haberle pasado un poco de brea por encima y punto. La avenida Arequipa luce igual que antes, la Marina ídem, la Javier Prado ni que se diga. O ver que un volquete carga tierra de lo que era la berma central de la avenida, para al día siguiente devolverla a su lugar de origen. Entonces, por qué la extrajeron. ¿Para “airearla”? Igual sucede con el misterio de la vía expresa. Hasta ahora solo vemos las señales de desvío hacia calles laterales, pero de la obra bien gracias, y según parece el presupuesto “ya voló”. No se si se refieren a que el presupuesto tiene la condición de alado o que el dinero se ha terminado. Si es lo segundo, ¿no tienen en el municipio contadores y gente especializada en finanzas que realicen un cálculo elemental de lo que costará una obra? Un contador egresado de un Cenecape lo podría hacer muy bien. Extraño, muy extraño, un caso digno de los expedientes X. Y frente a estas inquietudes ciudadanas solo tenemos su habitual mudez, salvo su habitual metáfora de los huevos y las tortillas.
Otra cosa es el tiempo de duración de las obras. ¿Será que tampoco tienen un ingeniero que pueda decir cuánto demorará la obra en ejecutarse? Sin ser muy zahorí uno puede pensar que de repente la tardanza en ver concluidas las obras obedece a que se acerque el 2010. De repente, conforme nos acerquemos a ese número cabalístico las obras por arte de magia se irán terminando con un lindo letrerito en color amarillo que nos recuerde quién fue el alcalde que “inauguró” la “nueva avenida”. Pero, no vaya a ser que de repente para ese año sea demasiado tarde. Utilizando su misma metáfora de los huevos y la tortilla, no vaya a ser señor alcalde que se le vaya a quemar la tortilla en la puerta del horno.
Con mis naturales irrespetos,
Un vecino de la ciudad.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Dentro de su último mensaje a la Nación, el presidente de la república propuso la creación de un Ministerio de Cultura a la usanza de otros países donde ya cuentan con uno.

Creo que la idea no es oportuna, por el momento, y por varias razones.

Un Ministerio de Cultura exige que previamente exista una política cultural por parte del estado. Sin política cultural explícita no puede haber ministerio de cultura. Es una relación de causa a efecto. El estado peruano es huérfano de políticas culturales. Siempre lo fue, salvo contadas excepciones. Un ministerio de cultura no va a llenar ese vacío, le faltaría “alma” (para citar un término que usó el presidente) convirtiéndose como tantas otras propuestas en un elefante blanco, repleto de burócratas (que ya salieron algunos buscadores de “chamba” en el nuevo ente) y decorativo.

Si se quiere fomentar la cultura (que el término es bastante amplio y se presta a múltiples interpretaciones) se debe comenzar por lo más sencillo. De menos a más. Una primera medida es potenciar el Instituto Nacional de Cultura, de repente otorgándole nuevas competencias y un perfil más ejecutivo y no “el cuidador de huacas” en que se ha convertido. Lo mismo se puede hacer con las demás instituciones que tiene el estado, incluyendo un mejor presupuesto. Y por qué no, se debe dar paso a la creación de un Instituto Nacional del Cine que pueda promover el cine peruano, tanto dentro como fuera del país. Si existe un arte que es la imagen y representación más directa de un país es el cine, y el estado debería fomentar una industria nacional del cine, no “regalando” dinero para hacer películas, sino auspiciando, apoyando, dando becas de estudio a los realizadores peruanos, sobretodo a los de provincias, y otras tareas más que no requieren demasiada inversión y sí aparejan bastante beneficio. Hasta ahora no tenemos una carrera profesional de cine propiamente, menos estudios de post grado, ni tampoco el personal académico necesario para impartir cine. ¿Por qué no empezamos trayendo a algunos destacados cineastas internacionales a que dicten un seminario por estas tierras?

Igual sucede con el fomento a los actores de la cultura. Hace mucho tiempo que no existen premios nacionales de cultura o por rubros o sectores que estimulen a los cultores de un género determinado. Para citar solo algunos casos, dónde están los premios nacionales de ensayo, de crítica de arte, de pintura, de música folclórica, para no mencionar el fomento a la ciencia y tecnología. Dónde la política cultural para “atraer” a los talentos que se fueron del país.
Y requiere también que el estado “invierta” en cultura. No tratarla como un gasto superfluo, sino como una inversión a largo plazo, que redundará en los millones de peruanos.

Por esa razón, mientras no se despejen estas y otras interrogantes y el estado no se comprometa con el fomento a la cultura, difícilmente prosperará la iniciativa de un ministerio “de cultura” eficaz.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es