EL OBSERVADOR

LA “REFORMA” CONSTITUCIONAL
Sin pena ni gloria, aunque sí con mucho de vergüenza ajena concluyó “el debate” de los padres de la patria sobre la reforma constitucional. Dicho sea, más eran “parches” que reforma propiamente. Semanas atrás había sido archivada y sepultada la iniciativa del voto voluntario y ahora se iba a ver algunos aspectos de la justicia (la discrecionalidad de la Corte Suprema para abocarse a los casos de casación), la bicameralidad, la renuncia de los congresistas, entre otros puntos. El debate se centró en un falso dilema: el retorno a la constitución de 1979 o la reforma de la constitución de 1993.
Como ya apuntamos en anterior artículo (¿Es necesaria una nueva constitución?): La visión de cambio social a través de un texto legal es algo bastante usual en países subdesarrollados. Se cree que así cambiarán las cosas. Lo cual es falso. La situación política, social o económica no cambian por existir un nuevo texto constitucional, eso es poner la carreta por delante de los caballos. Más bien un nuevo texto constitucional se hace imperativo cuando la situación social o política ha cambiado de tal forma que el texto constitucional anterior está tan anquilosado que ya no refleja ni de lejos esa nueva situación social, no al revés. Es lo que pasó en 1978, luego de las reformas del gobierno de Velasco, para bien o para mal, el Perú fue un país diferente.
Por lo tanto, querer “retornar” a la carta del 79 es tan utópico como querer mantener la actual constitución sin cambiarle una coma. Los cambios deben obedecer a la naturaleza de las cosas y previo y amplio debate de la sociedad sobre la necesidad de esos cambios, sino será un debate de entendidos que pretenden pasar por iluminados. Por ejemplo, cuáles son los argumentos a favor de un regreso a la bicameralidad, más allá de la consabida “cámara reflexiva”, si cuando existieron dos cámaras el Congreso igual daba leyes tan torpes e impopulares como el de ahora.
Creo que más urgente que las enmiendas constitucionales es que los partidos políticos seleccionen y recluten gente de nivel para sus listas partidarias. De nada nos sirve una “magnífica” constitución si los usuarios directos de la misma son de una calidad lindante a la de un primate (con el perdón de los primates).

LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA:
Otro tema tabú donde el Congreso decidió más bien postergar el debate para un futuro incierto, quitándose de las manos una “papa caliente”, fue la gratuidad de la enseñanza universitaria. Es cierto que el art. 17º de la carta política contiene parámetros a la misma, pero creo que se debe ir un poco más allá y “tomar al toro por las astas” siendo realista y viendo la calidad de la enseñanza universitaria no solo pública sino privada.
La gratuidad total de la educación universitaria obedeció a un contexto social determinado, cuando la población universitaria era infinitamente menor a la actual y los centros de enseñanza superior contados con los dedos de una mano. Pero, a partir de los años sesenta la educación superior se masifica, crece enormemente el número de estudiantes superiores gracias a la movilidad social, a la explosión demográfica y a la democratización progresiva de la educación, por lo que las viejas universidades públicas no se dan abasto y en complementación comienzan a nacer las privadas, muchas de ellas de muy buen nivel.
La reforma universitaria por ello es más compleja de lo que supone, pero tocando solo la gratuidad, supone cambiar de parámetros que ya no son útiles en los tiempos actuales. Una propuesta que ha sido exitosa en otras latitudes es el crédito educativo, a fin que el estudiante que desee seguir estudios superiores se vea beneficiado con un crédito que deberá pagar cuando comience a trabajar. Es reciprocidad, son derechos a acceder a los estudios, pero también obligación de parte del educando. La fórmula es sencilla y fácil de implementar, aunque estamos seguros que nuestra clase política no se atreverá por el “costo” que supondría ante el electorado en la próxima elección, por lo que seguiremos teniendo una educación universitaria totalmente deficiente y divorciada de los requerimientos contemporáneos.

¿Y LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA?
Me informo por artículo de Richard Webb que en el gasto comparativo en investigación y tecnología de 69 países, Perú está a la cola, en último lugar, incluso nos superan Uganda en el África y en nuestro continente, Guatemala. No hablemos de Chile (nuestro rival, a quien queremos superar) que gasta ocho veces más que nosotros. Sin gente preparada adecuadamente no daremos el salto al desarrollo que se necesita. El desarrollo no solo consiste en tener las cuentas en azul o en medir crecientemente nuestras exportaciones, sino en la educación de un pueblo, y un pueblo que no esté adecuadamente educado, difícilmente podrá competir en las condiciones que el contexto mundial impone ahora. Así, difícilmente le vamos a ganar a Chile, que, con un fondo proveniente del cobre, ya está becando a sus mejores estudiantes a fin que se perfeccionen en universidades norteamericanas, europeas o australianas, poniendo énfasis en la ingeniería, ciencia y tecnología (como lo hacen China e India). Ya no hablemos ni siquiera de llegar a unas dignas olimpiadas en el 2016 o el 2020.
Antes que nuestros queridos congresistas se enfrasquen en discusiones bizantinas, como si retornamos a la carta del 79 o dejamos la actual, deberían preocuparse por fomentar la ciencia y la tecnología. La creación –financiado por medio de un impuesto ad hoc a nuestros commodities que están a buen precio- de un fondo intangible de algunos millones para la educación científica haría mucho más por el país que discutir el retorno o no de cartas políticas. ¿Lo harán?

ADENDA: MOQUEGUA INSURGENTE
Cuando estaba terminado el presente artículo, llega la noticia de “la toma” de la ciudad de Moquegua y captura del jefe policial y efectivos que estaban comisionados precisamente para desbloquear la carretera hacia el sur del país, tomada por lugareños hace una semana. Más allá de los responsables por los actos suscitados, no se trata solo de condenar a los sublevados, como muchos periodistas han esgrimido desde Lima (es verdad de Perogrullo que han existido un conjunto de delitos que deberá investigar el M. Público); sino que merece reflexión cómo un problema aparentemente sencillo de resolver (la separación del canon de Moquegua y Tacna, según la cantidad de mineral extraído en cada región), se complica, desembocando en los sucesos del lunes 16.
En primer lugar, una vez más se nota la poca fluidez en las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales por un lado, y por el otro, la poca legitimidad del presidente regional ante sus electores, por lo que “la olla de presión” que son los reclamos regionales se desborda de los cauces institucionales. Pese a los pedidos de calma invocados, ninguno de los sublevados le hizo caso al presidente de la región Moquegua. De haber tenido un gobierno regional legitimado en su autoridad, difícilmente habrían sucedido todos estos hechos lamentables. Algo pasa, que las correas de trasmisión de la representatividad política son poco efectivas, y eso conlleva reforzar las instituciones regionales.
Antes de debatir en el Congreso si regresamos a la constitución del 79 o nos quedamos con la actual, sería mejor reformar la legislación regional, pasando por el porcentaje de votos efectivos para ser presidente de región (similar al “balotage” para presidente de la república) y fortalecer los partidos regionales, democratizándolos, ampliándolos, que no sean solo partidos coyunturales de caciques, sino de masas. Con sólidos y representativos partidos políticos regionales difícilmente habría sucedido todo esto y no estaríamos viendo estupefactos las imágenes de los hechos acaecidos, ni a presidentes regionales impotentes ante el furor de las masas.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Los 45 años de la muerte del poeta Javier Heraud y el traslado de sus restos de Puerto Maldonado a la ciudad de Lima, son motivo de reflexión sobre el sacrificio de una generación de jóvenes por un ideal, así como el gesto inútil de su inmolación, mirado a distancia.

Los años 60 en Latino América fueron remecidos por la revolución cubana, el primer experimento socialista en la región. La estrategia “del foquismo” (la “guerra de guerrillas”) obedeció a la situación insular de Cuba y a contar con un régimen político totalmente corrupto, lo que permitió que un grupo insurgente pueda desplegar su acción, amparado por la población civil, y facilitado por el terreno como la falta de comunicación entre distintas partes de la isla.

Esa situación inédita quiso ser calcada por distintos grupos de izquierda en el continente que decidieron alzarse en armas por una sociedad más justa. Todos, absolutamente todos, fracasaron, incluyendo a la guerrilla de Javier Heraud, la de Luis de la Puente y Uceda, así como la del “Che” Guevara en Bolivia (la única excepción fue la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, que llegada al poder se corrompería en la repartija de “la piñata”). En gran parte, el fracaso se debió al trabajo de contrainsurgencia del ejército norteamericano, adiestrando a sus homólogos latinos para detener los movimientos insurgentes en el continente; pero también que en el caso peruano vivíamos un gobierno democrático de corte reformista, por lo que difícilmente iba a cuajar la insurrección armada en el país, amén de la extensión de nuestro territorio, mucho más grande y complicado que el de Cuba, así como las condiciones para desarrollar un movimiento de esa naturaleza.

La guerrilla estaba condenada al fracaso desde el inicio. Fue puro voluntarismo de un grupo de jóvenes con más corazón que serenidad y análisis frío. Su entusiasmo por la revolución cubana, reafirmado por visitas a la isla y entrevistas con el propio Fidel (que en un principio alentó la propagación de la lucha armada en AL), motivaron que se lancen a la aventura de un cambio social. Heroísmo que solo concede la juventud.

Javier Heraud muere a los 21 años, en la flor de la edad como se estila decir. No sabremos nunca si pudo dar más a la poesía, su verdadero elemento y fuego vital; y, si bien es muy comprensible que la devoción filial haya permitido traer los restos para reposar junto al padre, quizás el homenaje todavía pendiente es la edición crítica de su obra. La cortedad de esta no debe ser óbice para publicar una edición cuidada y pulcra de la misma.

Javier es símbolo de una época y de una generación: la de aquellos jóvenes con ideales que entregaron su vida por lo que creían. Algo difícil de comprender en estos tiempos de frío pragmatismo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Como las familias que preparan la casa para la gran fiesta que piensan dar, sea por un matrimonio, un aniversario o cualquier otro motivo, las “altas autoridades” peruanas no tuvieron mejor idea que decidir reparar las principales avenidas por donde trajinarán los visitantes a la V Cumbre y el ASPEC después, a fin que, admirados, puedan exclamar al unísono “qué bonitas están estas pistas, parecen de un país desarrollado”. Así como la familia que comienza a pintar su sala apenas días previos al gran aniversario, a cambiar el tapiz de los sillones y hasta la puerta principal si está muy feita, de la misma manera, a las autoridades no se les ocurrió mejor idea, en un frenesí masivo de afiebrada destrucción-reconstrucción, que destrozar y rehabilitar las avenidas por donde pasarán los invitados, “todas al mismo tiempo”; llegando incluso la fruición edil a romper algunas vías por donde nunca jamás, ni siquiera remotamente, pasarán los jefes de estado, así se desvíen ciento ochenta grados de su ruta original. No obstante, los arreglos no se limitaron a romper las calles, sino también a colgar banderitas de papel de los países visitantes en los postes de luz…sin percatarse, en el apuro, que varias de estas se encontraban colocadas al revés.

Nadie discute que se reparen las pistas para las cumbres, es un orgullo nacional que seamos país anfitrión; pero, es “bien peruano” hacerlo todo a último momento. Recién comenzaron con los trabajos de reparación entre los meses de Febrero-Marzo del presente año, cuando por lo menos hace dos años se sabía que el Perú iba a ser país sede de la V Cumbre ALC-UE. La pregunta obvia es ¿por qué las autoridades no previeron esa contingencia y teniendo dos años por delante para reparar pistas no lo hicieron planificadamente y no como ahora que se ha formado un caos vehicular en distintas partes de la ciudad?
Y la otra pregunta que cae por su propio peso es porqué no se reparan otras avenidas importantes como la Universitaria, Tomas Valle o las rutas a los conos. Está bien que por allí no pasen los presidentes que vienen, pero los peruanos que viven por esos lares tienen todo el derecho del mundo de tener adecuadas vías de acceso. No se trata sólo de maquillar las avenidas por donde transitarán nuestros invitados -como la sala de nuestro ejemplo- sino brindar un servicio eficiente a todos los vecinos.

Pero, volviendo al tema de la cumbre, ¿qué resultados se han obtenido?

La percepción que tenemos los latinoamericanos es que Europa se cierra a nosotros cuando de migración se trata y solo se abre cuando concierne a los negocios de sus trasnacionales. Ahí está el ejemplo de la Italia de Silvio Berlusconi tipificando como delito la residencia sin documentos en la península de la bota. Vale decir que serán tratados como criminales muchos de nuestros connacionales que se ganan la vida honradamente por allá. Se dirá que es un caso aislado; pero, en la Europa próspera y comunitaria ya comienza a sentirse un aire enrarecido con sabor a xenofobia contra latinos, africanos, musulmanes y hasta contra los “hermanos pobres” de la Europa del Este.

Sin tener remotamente ánimo chavista, pero la frase que dijo una vez “los presidentes vamos de cumbre en cumbre, mientras los pueblos van de abismo en abismo” es bastante cierta, por lo menos en estas reuniones de países de dos continentes donde -si nos atenemos a los resultados de las otras cuatro cumbres- la ejecución de los acuerdos tomados quedó en el limbo y en declaraciones inoperativas. No se si por desidia o falta de interés, o porqué los europeos tienen problemas distintos a los nuestros, o simplemente por falta de seguimiento a los acuerdos. Supongamos de buena fe que es lo último. Si es así, de repente hace falta una secretaría técnica permanente o un órgano ejecutor que precisamente monitoree y ejecute los acuerdos adoptados, para que estos no queden solo en bonitas palabras.

A los europeos les interesa más el problema del clima y el medio ambiente –de allí que muy hábilmente el presidente juró al primer ministro del novísimo Ministerio del Medio Ambiente a mitad de la cumbre-, mientras a nosotros el problema de la pobreza. Al final parece que ha primado el interés de los europeos y la pobre pobreza ha sido reducida a líricas declaraciones sin plazos ciertos ni metas concretas de cumplimiento.
Sobre los biocombustibles no se dijo nada, como que tener menos tierras para alimento humano no sea una preocupación no solo de AL, África, sino de los propios europeos, que por allá también hay pobreza.

En el asunto del TLC con Europa (en sentido estricto “Acuerdo de asociación” dado que incluye no solo un tratado de comercio, sino también de cooperación económica y diálogo político) nos salvamos por poco que no se avance en el tema. Nosotros deslizamos sutilmente la tesis de las “velocidades diferentes” para iniciar Colombia y Perú las negociaciones del TLC europeo, y si bien al final parecía que iba a prevalecer la tesis “bloquista”, tesis europea –compartida por Ecuador y Bolivia- que propone negociar en bloque con los cuatro países de la CAN, al parecer se escuchó los reclamos del país anfitrión y ya se habla de un “acuerdo marco flexible” que permita comenzar a negociar con los países que quieran suscribir el TLC. En ese punto ha sido positivo para nosotros. Recordemos que en los países integrantes de la Comunidad Andina, Perú y Colombia tienen economías abiertas y por tanto están más dispuestos a negociar tratados de comercio, mientras Ecuador y Bolivia van por el rumbo de economías cerradas (aunque con matices) y consiguientemente más reacios a negociar tratados de comercio; sin embargo, recién será en junio, cuando se produzca la siguiente ronda de negociaciones donde se determinarán las reglas y el marco para la negociación.

Aunque si de convocar a curiosidad se trata, la encontramos en las reuniones bilaterales a puertas cerradas de los jefes de estado. Las “minicumbres” son más sustanciosas y expeditivas y caben todo tipo de especulaciones sobre “qué hablaron”. Por ejemplo, la reunión “in portas” entre Evo y la Bachelet. No es necesario ser muy zahorí para deducir que trataron dos temas caros a ambos países: a Chile le interesa el gas de Bolivia, y a Bolivia la sempiterna salida al mar. O entre Zapatero y Evo sobre la estatización de empresas españolas bajo el gobierno del MAS. Igual entre la Bachelet y Alan García. Es probable que hayan limado asperezas luego de la “pataleta” de nuestro vecino por lo de la demanda peruana en La Haya y vean los negocios juntos que se pueden hacer, incluyendo la suscripción del TLC chileno-peruano que quedó en la “congeladora” del parlamento mapocho a raíz de la demanda.
Parece que también la minicumbre entre García y Lula ha dado buenos resultados con la firma de distintos convenios de cooperación, si bien los empresarios brasileños todavía tienen la percepción de considerarnos un “país chico”, no muy rentable para hacer negocios. Para contrarrestar esa visión se ha propuesto “cumbres empresariales”, una semana en Sao Paulo y otra en Lima; pero lo más concreto e interesante fue la suscripción del convenio entre Petroperú y Petrobrás para el desarrollo de un proyecto petroquímico con una inversión de 2,500 millones de dólares.

En la parte logística, que la cumbre estuvo bien organizada y con seguridad extrema, nadie lo duda. Tan extrema que los propios vecinos allende al auditorio donde se desarrolló no pudieron entrar a sus casas. Incluso nuestro presidente en la euforia “pos cumbre” deslizó la idea que Perú sea sede de las Olimpiadas 2016, aunque después el encargado de los deportes tuvo que rectificar, “aclarando” que se trataba más bien de los juegos panamericanos, meta más modesta y realista. (Imagínense a nuestro “valor nacional” Tongo cantando “La pituca” en el día inaugural de los juegos olímpicos).

A contrapelo de la cumbre presidencial, y como un evento paralelo, más pintoresca y festiva fue la Cumbre de los pueblos o “Anticumbre”. Con bombos, proclamas, marchas, manifestaciones, venta de fritanguitas, libros y cd’s piratas, y hasta brujos y chamanes, sin faltar los muchachos de Alfa y Omega (los que sostienen que Cristo vino en un ovni de un planeta lejano, muy muy lejano), contrasta con la sobriedad y encriptamiento de la cumbre oficial; hasta tuvimos una “sentencia” del Tribunal de los Pueblos contra las empresas trasnacionales que contaminan el medio ambiente o matan con sus productos químicos a personas, animales y plantas. Por supuesto, no podía faltar en la condena las empresas mineras. Si bien este tribunal no tiene carácter vinculante, sus sentencias son morales, parecido al Tribunal Russell en los años 60, que condenaba los crímenes de guerra en Vietnam. Pero, lo más llamativo fue la “pichanguita” entre la selección peruana México 70 y el “combinado” boliviano con Evo Morales a la cabeza. La gente fue con la ilusión de ver a Maradona que iba a reforzar el equipo del altiplano, pero el Diego jamás llegó. A lo lejos, si hablamos de colorinches y ambiente festivo, sin duda alguna estuvo en la UNI. Y, como tampoco podía ser de otro modo, la anticumbre culminó con el “mítin de los pueblos” en la tradicional Plaza Dos de Mayo, donde el orador central fue Evo de nuevo, dado que Hugo Chávez prefirió abstenerse de ir, quien, dicho sea de paso, estuvo de lo más tranquilo y besucón en la cumbre oficial, sería que como dentro de esta no había cámaras de televisión, no se podía hacer show.

Como era de esperarse, en su alocución Evo recomendó más estatizaciones de empresas extranjeras para luchar contra el imperialismo y para que las riquezas sean del pueblo y así sea más feliz, mientras un Ollanta Humala embelesado escuchaba en éxtasis “la receta” de Evo (de quien había sido su “telonero”*), aplaudiendo con frenesí cada frase del presidente boliviano.

Una cumbre más, que de no ejecutarse los acuerdos, quedará para la historia solo la foto ya descolorida de los mandatarios, que como aquella familia que pintó su casa, terminada la fiesta despertará de la resaca; mientras nosotros, los residentes de la ciudad de Lima, volvemos a la normalidad de nuestras labores, en vista que las autoridades ya nos permiten pasar por nuestras propias calles, y podremos ver que las obras de reparación de las avenidas por donde iban a pasar los presidentes quedó a medio hacer, entre desmontes, basura, baños portátiles, grúas y volquetes, misma ciudad del tercer mundo, ni más ni menos.
*Telonero: Dícese del orador o cantante secundario, de “relleno”, que antecede al principal en un mitin o en un concierto.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Voy a aprovechar la fecha para acometer algunas reflexiones sobre como anda mi oficio. Seré aguafiestas de mi propia celebración.

Generalmente en las ceremonias rituales por nuestro día tendemos a considerar como muy noble y abnegada nuestra actividad, y a nuestro ejercicio poco menos que un sacerdocio laico abocado a la justicia. Nos “golpeamos el pecho”, miramos por sobre el hombro a las demás profesiones y nos sentimos con ciertos privilegios que no poseen el común de los mortales. Si bien esa mirada narcisista nos hace sentir bien (es como mirarse al espejo y decirse que bello soy); sin embargo, externamente no nos ven así. Y la culpa no la tienen los otros. Nuestra profesión, posiblemente, es una de las más desprestigiadas junto al periodismo, a la docencia pública, al oficio de político –que casi siempre son abogados- y de juez –que siempre son abogados-, lo que está directamente relacionado con la poca confianza que inspira un “doctor”, sujeto visto como un tipo aprovechador, taimado y carente de escrúpulos. Esta percepción negativa tiene como origen la mala práctica profesional que se ha generalizado en las distintas instancias y que no es sancionada debidamente ni por los colegios profesionales ni por los órganos jurisdiccionales cuando un letrado interpone recursos temerarios, “fabrica pruebas” o miente descaradamente en el proceso.

Esa conducta no es sancionada por los jueces, pese a que en más de un caso las evidencias saltan a la vista. Será que se cumple trágicamente el dicho que “otorongo no come otorongo” o que los lobbies de antaño –conformado por abogados- han regresado de nuevo, presionando a los magistrados a fin de obtener sentencias favorables para sus patrocinados. Tanto el Poder Judicial como los propios Colegios profesionales tienen una gran responsabilidad al respecto. Mientras solo existan “apercibimientos” para mejorar la conducta del letrado incurso en faltas, apenas será un saludo a la bandera justificativo que algo se hace.

Como estatus o símbolo de ascenso social la abogacía hace mucho tiempo dejó de serlo. Más estimable y cotizable es el oficio de vedette, chófer de combi, cantante de cumbia o futbolista. La desvalorización de la profesión guarda correspondencia con la masificación de la carrera. La proliferación de facultades de derecho en todo el país, la creación de “filiales” y los “cursos a distancia” para obtener el título profesional han generado dos problemas evidentes: una excesiva oferta de abogados mal preparados y una lucrativa veta de muchas universidades sin invertir demasiado.

El primer problema (la excesiva oferta de letrados mal preparados) ha traído como consecuencia la pauperización de la profesión, la poca o nula preparación de los abogados que egresan en los últimos años, abogados que incluso están ingresando al Ministerio Público y al Poder Judicial careciendo de una base jurídica sólida (algo así como que un médico comience a operar con la sola preparación de cursos por internet), y los dedicados a patrocinar causas las pierden clamorosamente –después de haber jurado a su cliente que iban a ganar el caso-, que ante su incapacidad deciden “coimear” a fin de obtener una sentencia favorable. La mediocridad de la profesión es notoria. Algunos “doctores” no pueden redactar un simple escrito sin tener a la vista “un modelito” o plantilla que los guíe, menos redactar decentemente una demanda. Muchos colegas confunden en forma evidente los tipos de procesos, plazos e interposición de recursos, que llegan a reclamarle al juez o presentar una queja ante el órgano de control –la ignorancia es atrevida- cuando les declaran improcedente algún pedido. Y algunos abogados (y jueces también) invocan leyes derogadas, no dándose siquiera la molestia de revisar las normas publicadas en el diario oficial.

El segundo problema (proliferación de facultades de derecho) obedece a que la carrera no requiere demasiada inversión. Es de las carreras conocidas como “de tiza y saliva”, por lo que no solamente aumentaron las facultades de derecho a escala geométrica en los últimos veinticinco años, sino que las universidades comenzaron a actuar con “filiales” fuera de la jurisdicción de su sede principal, operando algunas en casi todo el país, u ofreciendo “cursos a distancia” para obtener el título profesional (como una conocida universidad que hasta orgullosa trasmite spots publicitarios de sus cursos por correspondencia).
Ese fenómeno trajo la pauperización y masificación de la profesión, lo que conllevó a su vez a la mala calidad en la enseñanza y preparación del futuro letrado. Pero, el problema no es solo de las “facultades-fábrica” –como simplistamente mi decano arguye-, sino es un problema más complejo, que incluye responsabilidades de los organismos que autorizaron la creación de estas nuevas facultades, vale decir responsabilidad del estado, y también de los colegios profesionales que admiten en el gremio abogados mediocres sin la mínima preparación (siempre y cuando paguen su derecho de ingreso).

Y no se diga que los gremios de abogados no pueden hacer nada. Para muestra un botón: los colegios profesionales pueden publicar el currículo actualizado de sus agremiados. Estudios, especialización, publicaciones, casos ganados (y perdidos también). ¿Porqué no lo hacen?, ¿porqué no publican la relación de abogados sancionados, si es que los hay?
Y, si usted no encuentra nada de eso en la web del colegio profesional donde está inscrito su abogado defensor, puede salir de la duda con un fácil recurso para darse cuenta si quien tiene delante es un buen abogado, con experiencia en el tema consultado, o se trata de un “especialista en todo” y con un título obtenido dudosamente: la tarifa por los servicios prestados. Difícilmente un buen abogado cobrará barato por sus servicios, porqué posee el know-how para resolver adecuadamente el asunto legal puesto en sus manos. Haciendo un símil es como decir hay médicos y médicos. Un médico con amplia experiencia en operaciones al corazón no cobrará “un sencillo” por sus servicios. Y recuerde también el viejo dicho: “lo barato sale caro”. He conocido casos de litigantes que por ahorrarse unos soles vieron naufragar el juicio promovido por uno de estos letrados poco escrupulosos o incluso perder su única propiedad luego de un largo proceso en el que invirtieron todos sus ahorros y desvelos.

Para solucionar el problema no bastaría con “cerrar” las facultades de derecho por diez o quince años como se ha sugerido con las facultades de educación. En principio que traería problemas legales, incluso de índole constitucional. Pero sí se puede concertar, fijar “cuotas de ingreso” entre las propias facultades. Requiere buena fe y no mirar la profesión como un negocio de los dueños de las universidades.
También requiere que el Estado –vía sus organismos competentes- regule la carrera y la admisión a esta, fijando estándares mínimos de calidad y una fiscalización activa de las universidades a fin de constatar si cumplen o no con los requisitos de una adecuada preparación para sus alumnos.
También es necesario que los colegios profesionales sancionen más severamente al abogado que tiene mala praxis profesional y se llegue a la cancelación del título en los casos más graves o cuando el abogado tenga una conducta maliciosa reiterada.
Y se requiere mayor participación de los organismos jurisdiccionales a fin de sancionar a los abogados maliciosos con prácticas “tinterillescas”. No les debe “temblar la mano” a los jueces, temerosos del chantaje con una queja ante el órgano de control si llama la atención a un abogado con praxis contraria a la ética. Sino caemos en un eterno ciclo vicioso de ocultamiento y lavada de manos.
Y también que se tome evaluaciones periódicas a todos los letrados a fin de determinar su capacidad para el desempeño profesional. Estoy seguro que muchos no pasarían el examen y se encontrarían como los profesores del magisterio público en la última prueba: más del noventa por ciento desaprobados.

En fin, requiere mayor presencia y papel activo del estado, de sus órganos jurisdiccionales, de los propios colegios profesionales y de nosotros mismos, que limpiando el estiércol y barro que cubre nuestra profesión pueda decirse con orgullo y sin las frases huecas y retóricas de ahora que ser abogado es la más noble y bella profesión.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

El proyecto de ley que permite el divorcio por mutuo acuerdo –separación convencional- a través de los municipios y las notarías ha traído –como era de prever- bastante polvareda, a pesar que no se trata de un divorcio express como el que sí existe en España (impropiamente el periodismo no especializado de estas tierras le motejó un calificativo que no le corresponde). El proyecto apenas amplía la competencia de los divorcios por separación convencional a que pueda ser visto también en la administración pública (las municipalidades) o bajo la competencia de un notario, y siempre y cuando los cónyuges se encuentren de acuerdo con la tenencia de los hijos menores, el régimen de alimentos y de visitas, y la liquidación de la sociedad de gananciales. Esa modalidad de divorcio administrativo se da en otros países debido a que los cónyuges que desean divorciarse están de acuerdo en todo, así que no existe controversia, por lo que el proceso puede llevarse en sede administrativa.

Sin embargo, las voces de ciertos sectores de la Iglesia y hasta del propio decano del Colegio de Abogados de Lima se han opuesto. Comprendo la posición de mi decano, debido a que tiene que defender a su gremio (los abogados) y la puesta en ejecución del divorcio administrativo nos quitaría clientes, lo cual es cierto. Es una actitud gremialista y comprensible desde ese punto de vista. Eso sí, el costo será mayor que en el Poder Judicial, por lo menos en el caso de los notarios. Será más rápido, libre de huelgas, pero para quien pueda pagar. En cuanto a los Municipios, si bien no existe personal capacitado –salvo uno que otro municipio- se podría entrenar a abogados con experiencia en derecho familiar; pero también se debe resolver cuánto cobrarán los gobiernos locales en “derechos de trámite”. Se les puede pasar la mano. Los Municipios siempre están a la caza de ingresos y esté podría ser un filón muy importante. Sería bueno que en la propia ley se señale que el costo en los Municipios no podrá ser mayor al costo regular en la vía judicial, sino la ley apenas beneficiaría a los que posean mayores ingresos.

En cuanto a la oposición de la Iglesia es tradicional. Se opone secularmente a todo lo que signifique la disolución del vínculo matrimonial y por ende de lo que conocemos como familia tradicional, no tomando en cuenta que cuando una familia está fracturada seriamente no existe solución posible. Peor es que los hijos vean las peleas constantes de los padres o que uno le saca la vuelta al otro (y a veces los dos al mismo tiempo). Espectáculo deprimente para un menor y que repercute en toda su vida.

Es cierto que las facilidades (bastante relativas en nuestra legislación) para divorciarse ha permitido que crezca la tasa de divorcios en comparación a otras épocas cuando la institución del divorcio no existía o estaba sumamente restringida o condenada socialmente; pero oponiéndose a la medida del divorcio administrativo nada se consigue, salvo que la tasa de separaciones de hecho y hogares irregulares (convivencias de todo tipo) siga en aumento. Se confunde las causas con los efectos. La culpa de la crisis de la familia no es de la legislación divorcista sino de la misma institución familiar. Es crisis de instituciones no de legislación.

La crisis de la familia y la institución legal que le ha dado soporte por largos siglos es inoperativa en esta época. La culpa no la tienen las leyes, estas apenas tratan de dar salidas a las parejas frente a la crisis.
La crisis es más seria, más profunda y está dando lugar poco a poco a una nueva forma de entender a la familia, nueva forma que el derecho debe encauzar como las 'Living apart together' (que parece producir buenos resultados), las familias con parejas del mismo sexo, las familias reconstituidas y el divorcio express, el cual es más radical que esta tímida medida de divorcio administrativo, pero saludable en cuanto avance en nuestra anquilosada legislación en materia familiar. Esperemos que los legisladores y el presidente de la república estén a la altura de las circunstancias y no se dejen presionar por los sectores más retrógrados de nuestra todavía en algunos aspectos conservadora y pacata sociedad.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Entre los docentes de cualquier nivel existe una regla según la cual si salen desaprobados unos cuantos alumnos la responsabilidad es enteramente del propio educando, a su dejadez, falta de atención, de esmero en sus deberes escolares, etc; pero si salen desaprobados casi todos los alumnos de un profesor, la culpa es del docente, algo pasa que “no llega” al alumno.
La regla se basa en las probabilidades. Es casi improbable que a un profesor le toque un aula con alumnos enteramente deficientes, con escaso nivel de retención y poco proclives a esforzarse en los estudios; entonces la responsabilidad es del docente, del método que está empleando o de la forma para comunicarse con el educando. Igual se puede decir cuando en una prueba el nivel de desaprobados es total o casi total. Algo pasa con la forma en que está evaluando al educando.

Justamente, cuando me inicie en estas lides de la docencia, al poco de obtener mi título de abogado, un headhunter me reclutó como capacitador para la formación de los futuros vendedores de las AFP’s. El sistema privado de pensiones estaba comenzando a implementarse en nuestro país pese a las resistencias que existían por aquellos años –inicios de los noventa-. Quien escribe tenía a su cargo la capacitación legal de la fuerza de ventas de una conocida AFP que debía convencer al trabajador a trasladarse al sistema privado. Me llamó la atención que ese Ingeniero Industrial metido a reclutador de personal me convocase (me había presentado a una clase modelo, dejando mi currículo sin muchas esperanzas) debido a que mi experiencia docente en aquella época era casi nula -y no ingresé por tarjeta o recomendación-, así que un día, aprovechando un encuentro informal le pregunté para salir de la duda porqué me había escogido. “Tienes llegada al alumno. Y a veces más importa la llegada al alumno que poseer un océano de conocimientos y no poderlos trasmitir. De qué sirve un profesor así, por más diplomas y pergaminos que pueda tener”. Esa fue su respuesta concluyente y la razón que haya persistido tantos años en una actividad que me gusta, que la he ejercido en lugares tan disímiles –algunas veces ad honorem y “por amor al arte”- y que he observado es difícil de percibir desde fuera cuando se trata de considerar a un buen docente.

Un examen, por ejemplo. Si el docente sale desaprobado, la primera conclusión que se deduce es que se trata de un mal profesor. Entonces las personas, en coro, dirán que efectivamente por eso anda tan mal la educación, que los profesores no saben ni lo que enseñan, que solo se dedican a hacer huelgas y pedir aumentos sin hacer nada, y todo lo demás.

Pero, creo es una conclusión un tanto apresurada. En primer lugar porqué depende qué tipo de examen se haya tomado.
Para nadie dedicado a la docencia es un secreto que se puede hacer un examen extremadamente difícil donde el nivel de desaprobados sea superior al ochenta por ciento, y que ese examen necesariamente no reflejará la capacidad o suficiencia del examinado. Y en el caso concreto de la última evaluación a los profesores, al ser un examen de solo conocimientos y aptitudes difícilmente reflejará si es un buen o mal profesor, a lo sumo que tiene buena memoria para las respuestas.

Es lo que sucedió también cuando el Consejo Nacional de la Magistratura comenzó a tomar las primeras pruebas para el nombramiento de jueces y fiscales luego del fin de la autocracia fujimorista. Casi no existían magistrados nombrados, muchos eran suplentes o provisionales y gran parte estaban comprometidos con la Mafia que gobernó el Perú en los noventa, así que las pruebas iniciales que tomaba masivamente el Consejo de la Magistratura eran de conocimientos, los que tenían buena memoria aprobaban y pasaban a una entrevista personal, los que no se acordaban, por ejemplo, cuál era la causal de divorcio señalada en el artículo 333, inciso 8, del Código Civil, salían desaprobados (claro, estoy exagerando el ejemplo, pero las pruebas eran netamente memorísticas). La pregunta era: ¿se estaba escogiendo así a los mejores abogados para ser jueces? Evidentemente que no.
Si bien es la manera más rápida y fácil de eliminación, quedando fuera el noventa por ciento de examinados y efectuando la selección para el nombramiento de la pequeña porción restante; pero el problema es que los mejores abogados, como los mejores docentes, no son memoristas, y los resultados los vimos algunos años después cuando se colaron algunas “perlitas” en los nombramientos definitivos, así que el Consejo tuvo que cambiar el contenido de sus pruebas y no darle tanta importancia a la memorización de conocimientos, habida cuenta que el futuro magistrado al resolver un caso trabajará con un criterio de conciencia y un grado de racionalización, conforme al marco legal existente, para lo cual tendrá a la mano sus Códigos y demás leyes que no necesita memorizar.

Algo similar pasó con esta prueba a los maestros. Y no lo digo basado en la simple presunción, sino en la opinión de especialistas en materia educativa que han opinado negativamente sobre la prueba tomada. No importa que haya sido una institución de “prestigio” quien la diseñó. El problema se repetirá si lo hace alguna otra institución, si la forma en que se toma el examen sigue igual de defectuosa, porqué de esa forma no están entrando a la carrera magisterial los mejores o aquellos con vocación definida por la docencia, sino los mediocres, aquellos que basan su rendimiento en la memorización de conocimientos.

Como alguien dijo una vez el saber enseñar es un arte, donde entran no solo criterios objetivos, sino también subjetivos, intuitivos, por lo que si se trata de evaluar a un docente no basta una prueba de conocimientos, sino por lo menos una clase modelo para conocer la “llegada” de ese profesor al alumno y la experiencia previa que haya tenido. Un docente no se forma de la noche a la mañana, es un proceso lento, difícil, donde se conjuga experiencia con capacitación, y más que todo vocación por enseñar. Como en todo trabajo, al docente le debe gustar lo que hace, y la verdad que no siempre se produce esa feliz conjunción.

Por eso los principales reclutadores de docentes en institutos y universidades serias comprenden en la prueba a un aspirante a profesor no solo los conocimientos, sino la clase modelo, para saber justamente la “llegada” del maestro, su capacidad didáctica. Más que presentar sillabus, plan de trabajo y otros papeles que pueden engrosar su currículo, la clase demostrativa es vital, a lo que va acompañado el test sicológico. ¿Sabemos realmente cuántos profesores con tendencias pedófilas, autoritarias o desequilibrados emocionalmente existen?

Y esta prueba tomada era para nombrar y contratar profesores. Así que el asunto no era nada fácil. Precisamente los nombramientos como parte del sistema administrativo estatal debe ser reelaborado. Hasta donde tengo entendido los nombramientos de docentes –como los de la carrera pública- son casi perpetuos, salvo que cometa una falta grave o renuncie se queda de por vida o hasta que le llegue la edad de jubilarse; existiendo así un error de apreciación. Los nombramientos no pueden significar perpetuidad en el cargo. Los nombramientos –como sucede con los jueces y fiscales- deben estar sujetos periódicamente a una ratificación, previa evaluación integral del docente y conforme a las reglas del debido proceso (derecho a ser escuchado, a defenderse, a saber los motivos de su no ratificación, etc.). La ratificación de los nombrados es vital para que “no se duerman en sus cargos” y más bien se capaciten constantemente, superen los problemas que tienen a nivel de docencia o metodología, y se evalúe caso por caso las denuncias que pesan en contra del docente (casos de violación, tocamientos indebidos, venta de notas, cometimiento de arbitrariedades, etc.), nombrando comisiones técnicas evaluadoras ad hoc (no de sesgo político), con entrevista personal incluida, sea para contratar, nombrar, ascender o ratificar en el cargo, facilitando también, con la modificación de la legislación estatal, la remoción de los profesores incompetentes y una flexibilización en las causales de cese.

Es cierto que gran parte de la responsabilidad por la mediocridad de la educación peruana la tiene el Sutep, pero no es el único responsable. Los sucesivos gobiernos que no hicieron nada para corregir los problemas tienen también parte de culpa, así como la politización en el ingreso al magisterio. Si no se tenía el carné del partido de gobierno o si no era miembro de Patria Roja –que manipula el Sutep- difícilmente el aspirante a docente ingresaba al magisterio. El APRA puede dar razón de los miles de profesores mediocres –pero con carné- que entraron en el primer gobierno de Alan García.

El problema también está relacionado con la precaria formación del futuro docente. Es tarde para descubrir que existen facultades e institutos que “fabrican” docentes con títulos a nombre de la nación como si se tratase de salchichas, y es que ese problema no sólo ocurre en las facultades de educación, sino también en las facultades de derecho, administración, contabilidad y otras profesiones conocidas como “de tiza y saliva”. Cerrar facultades de educación por diez o quince años no es la única solución, también es necesario que los organismos competentes realicen una fiscalización efectiva de estas “facultades-fábrica” y constatar si cumplen o no con los requisitos mínimos de una adecuada preparación. Si el Estado otorga los títulos (“a nombre de la Nación”), el mismo Estado debe fiscalizar activamente que se cumplan las normas mínimas de una buena enseñanza, con los apercibimientos para aquellas instituciones que incumplan las normas técnicas correspondientes, sino vamos a seguir lamentándonos con los mismos resultados que estamos viendo ahora.

Calificar a un buen docente es tarea ardua, harto difícil en vista que entran factores objetivos y subjetivos, por eso las evaluaciones que se reducen a un simple examen escrito producen resultados incompletos y muchas veces equivocados como ha sucedido con el último examen tomado.
El problema no es sencillo de resolver, quizás demore décadas en percibir los cambios positivos, pero debemos comenzar, en vista que la educación es clave para el desarrollo de un pueblo y tal como está la educación peruana (en todos sus niveles) el paciente se encuentra en cuidados intensivos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Empezaré por el segundo tema. Debo decir previamente que –como en el tema de las casas del ALBA- no he simpatizado ni simpatizo con la controvertida animadora. Pero, he notado una acre y furibunda tendencia a que su programa sea levantado del aire, lo que equivale a una censura o por lo menos a una condena moral.

Literalmente el programa de Laura Bozzo es una basura, pero de allí a censurarlo pasamos a convertirnos en los torquemadas modernos, en aquellos portavoces de la verdad absoluta e indiscutible, como ha sucedido con algunas figuras mediáticas, cumpliéndose el adagio “del árbol caído todos hacen leña”. Líbrenos Dios de aquellas personas (y eso que lo dice un agnóstico). Ponerse encima del bien y del mal es tan peligroso como los programas de la autotitulada “abogada de los pobres” (la presión mediática es tan fuerte y las evidencias que su programa “inventaba” historias tan obvias, que más temprano que tarde el programa será cancelado). Aunque más que pedir la cancelación debemos recordar que su programa nació en un contexto muy específico: el gobierno autocrático de Alberto Fujimori que necesitaba de sicosociales como los ofrecidos por la Sra. Bozzo. Sus vínculos con Fujimori y Montesinos jamás los negó y más bien se sentía orgullosa de ellos. Laura Bozzo –como el programa de Magaly Medina- son el resabio de una época oscura en la historia del Perú, cuándo nos quisieron vender el cuento de los tigres de Sudamérica mientras el ingeniero con su asesor medraban del erario público. Y si el programa de LB prácticamente ya cayó –el rating que tiene es bastante bajo-; en cambio Magaly TV si será más difícil que caiga, se ha reciclado, se ha insertado dentro del sistema y también no produce demasiados anticuerpos como el de la Bozzo, salvo los perjudicados por los “ampays”, pero sobretodo tiene rating y eso cuenta más que su génesis en la década pasada; aparte que nunca se ha podido encontrar pruebas de la vinculación de la popular “Urraca” con los mandos del poder de ese entonces como sí sucede con su compañera de canal.

Precisamente, es sintomático que tres personajes que crecieron en la era del fujimorismo como Laura Bozzo, Magaly Medina y Nicolás Lúcar, se encuentren parapetados en el mismo canal –el canal 9-. Da la impresión que existieran intereses subterráneos bastante oscuros que dan licencia y respaldo a esas tres figuras mediáticas de una de las épocas más nefastas de nuestra historia republicana.

LAS CASAS DEL ALBA
Voy a contar una anécdota que me ocurrió hace algunos meses.
Los que han leído mis crónicas y artículos sabrán que de joven milité en las canteras de la izquierda marxista, participando incluso activamente en el movimiento de Izquierda Unida. Siempre en la base, ad honorem y sin pedir un cargo a cambio. Era más idealismo que sentido pragmático de la política, como el de muchos de los jóvenes de mi generación. Hace más de veinte años –antes que cayera el muro de Berlín- me aparté de las corrientes marxistas y si se trata de poner etiquetas me considero ahora un socialdemócrata liberal que no se arrepiente ni hace mea culpa ni abjura de su etapa juvenil; no obstante, tengo amigos que todavía pertenecen a esa vieja izquierda y son consecuentes con sus ideales sea por principios o por intereses crematísticos más subalternos. Me invitaron a una reunión donde el objetivo era fundar una nueva casa del ALBA. Luego de los discursos del caso sobre “el socialismo del siglo XXI”, Hugo Chávez, Fidel y toda la iconografía izquierdista y con una borrachera que hacía más apasionada y vehemente la retórica, uno de los participantes aseguró tener “contactos” muy cercanos con funcionarios venezolanos y con la embajada acá en Lima, así que “el billete” estaba asegurado. Y no eran meras fanfarronadas de borracho, conociendo como lo conozco a este amigo se que sus contactos eran bastante ciertos. Como que tiempo después fundó su casa de la “amistad peruano-venezolana”.

Sí, las casas del ALBA tienen financiamiento venezolano. Eso es evidente.

Pero, al igual que el caso de la Bozzo, ¿se podrá desterrar esas casas con una comisión investigadora del Congreso, o siquiera se podrá hablar de “contrabando ideológico”?

En principio no existe el “contrabando ideológico”. Una persona o una asociación pueden tener una ideología, abiertamente o disfrazada, pero que está presente en su modo de obrar o de expresarse. Y, también porqué las ideas se deben combatir con ideas. Si una asociación tiene, por ejemplo, ideas sobre el socialismo, la democracia o incluso en materia de religión como que Cristo vino de un planeta remotísimo en un OVNI para darnos sus más avanzadas enseñanzas, a nadie se le va a ocurrir cerrar esa asociación, ni menos acusarla de “contrabando ideológico” en desmedro de la iglesia católica, sino que se deberá refutar esas afirmaciones con ideas. Si alguien cree que el modelo chavista es el del socialismo del siglo XXI, bueno habrá que refutar con ideas y no cerrando las asociaciones o nombrando “comisiones investigadoras”. Aparte que eso del “contrabando ideológico” tiene un tufillo virreinal, a naftalina, a fascismo puro para decirlo sin medias tintas. Con esa misma lógica, el actual ministro de defensa (que sueña con ser presidente) si hubiese vivido en la época del virreinato habría acusado de “contrabando ideológico” a las ideas liberales de la independencia y la revolución americana.

Sé que mis colegas leguleyos me dirán que de acuerdo a ley se pueden formar comisiones investigadoras en el Congreso, así como de oficio el Ministerio Público puede iniciar también una investigación. Y tienen razón. Nadie dice lo contrario. Pero, las consecuencias políticas serán más dañinas para el sistema y la democracia, ya que lo único que traerán esas comisiones será darle publicidad gratuita a las casas del ALBA y que se consideren como “perseguidos políticos”. Un cierre –solo un cierre- de una casa del ALBA le daría más publicidad a estas asociaciones que todo lo que han hecho hasta ahora –que no es poco-, y el remedio sería peor que la enfermedad. Cuando se toma una medida de esta naturaleza, el costo político debe ser sopesado cuidadosamente y darle la lucha en ese campo más que en el formal-legal.

No estamos en la época de las persecuciones, el partido en el gobierno lo debe saber mejor que ninguno, al ser ellos perseguidos por largos años justo por esa derecha cavernaria que le sopla al oído despropósitos con un tufillo bastante oloroso a Sánchez Cerro y al Perú del año de la barbarie.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

A veces se juntan varios temas en menos de una semana, lo cual demuestra que no somos un país nada aburrido y sí uno todavía algo folclórico como lo ha demostrado la reacción de nuestros hermanos cusqueños ante la ley de promoción de inversión privada en sitios históricos (que de “privatizadora” no tenía nada). No todos claro; pero existen grupos políticos que usan la misma estrategia de hace treinta, cuarenta años atrás, como si el Perú y sus gentes no hubiesen cambiado nada, con un esquema conceptual propio de los años setenta. No se quejen después que en las urnas queden huérfanos de apoyo. Los electores no son tan tontos como piensan y si ven que están matando a la gallina de los huevos de oro (el turismo), mejor le quitan el cuchillo a quien perpetra el crimen, que quedar huérfanos de ingresos, que de eso viven. La política puede matar a la economía si es usada irresponsablemente.
En fin, cuando algún día no pase nada y ni siquiera sepamos quién es el presidente de la república o de una región, cuando la población joven sea minoría y hayamos perdido el “alma” de ser peruanos para ser unos tipos fríos emocionalmente e indiferentes ante el prójimo, que planificamos nuestras vacaciones con dos años de anticipación y más puntuales que un suizo, estaremos dentro del grupo de las democracias maduras y aburridas, donde ya no pasa nada, con un nivel per capita elevado y camino a la extinción como sociedad. Felizmente esa época yo no la veré.

EL TERCIO SUPERIOR
Ha traído cola la propuesta del ejecutivo de contratar solo a profesores pertenecientes al tercio superior y no era para menos. La propuesta parece sensata. Contratar a los mejores egresados, es decir los ubicados en el llamado “tercio superior” de las universidades e institutos no está mal. Pero, la pregunta que nadie se hace por obvia es si los alumnos ubicados en dicho tercio son realmente los mejores como profesionales.
El presidente de la república dudo que haya estado en el tercio superior de estudiante. Según dicen los que lo conocieron de joven más se dedicaba al canto y la guitarra, y a dar discursos hasta a los mosquitos de la universidad que a estudiar aplicadamente los códigos y la jurisprudencia; y sin embargo como político es muy bueno (aunque los maledicientes dirán que por los resultados de su primer gobierno más bien debió estar en el tercio inferior). En todo caso, hubiera sido un buen cantante del “tercio superior”. ¿Cuántos ministros de su gabinete pertenecieron de estudiantes al tercio superior? Dudo que muchos. No hablemos ya de los congresistas, quizás más de uno pertenezca al “tercio inferior”. Pero, el asunto es más complejo que simples tercios.

La medición del tercio superior (puede ser también el quinto superior, el décimo superior, etc.) es por el promedio de notas que tiene el alumno en su desempeño estudiantil. Pero, ¿las notas reflejan realmente la capacidad de un alumno y el potencial como futuro profesional? Los que se dedican a la docencia saben que no. Las notas no reflejan que el alumno sea a futuro un buen o mal profesional o las capacidades intrínsecas para la profesión que ha abrazado, lo único que reflejan es que es un alumno aplicado, “chanconcito”, cumplidor con sus deberes y que incluso a veces puede obtener buenas notas por medios no muy santos. Y cuidado con la satanización que una parte de la opinión mediática hace. El fenómeno no se da solo en las universidades de “medio pelo” o en las nacionales como desdeñosamente se ha repetido más de una vez –curiosamente por comentaristas que estudiaron en una universidad nacional-, sino también en las autodenominadas universidades “de prestigio”. En todas partes se cuecen habas.

Así es. Las notas no dicen mucho sobre si ese alumno será un buen profesional a futuro. Conozco varios colegas que en la universidad no pasaban de regular y son excelentes profesionales; y otros que de estudiantes eran los primeros en la clase y no han pasado de una práctica mediocre. Los factores que determinarán si ese estudiante será un buen o mal profesional son más variados que las simples notas.

Esta vez tengo que darle la razón al Sutep. El gremio magisterial no es santo de mi devoción (los que lo duden pueden leer mi artículo Profesores no quieren que los ebaluen), es responsable de gran parte de culpa en la mediocridad de la calidad de enseñanza pública; pero hay que reconocer que acierta cuando señala que la norma es discriminadora.
Discriminar, según el DRAE, es excluir o dar un trato de inferioridad a una persona o un colectivo de personas. La discriminación puede ser objetiva, como es el caso de obedecer al sexo, raza, edad, idioma, etc. Es subjetiva cuando excluye en razón del pensamiento, credo religioso u opción sexual. En los concursos laborales cuando existe una barrera desde la convocatoria misma (pertenecer al tercio superior en el presente caso) se está discriminando o excluyendo desde el comienzo a un grupo de profesionales que no se encuentran en ese rango. Entonces, la otra pregunta es, si el Estado es el primero en discriminar, no habría entonces necesidad de que el propio Estado conceda la licenciatura “a nombre de la Nación” a los excluidos del tercio, ya que de nada les valdría el título otorgado, salvo para colgarlo en la pared de su casa. Mejor que les den solo a los del tercio de arriba. Y así con todas las demás profesiones. Si no lograste estar en el tercio o no estudiaste en una universidad “de prestigio”, piña, dedícate a otra cosa. Para qué gastar tinta, cartón y dinero. Ese es el mensaje implícito, no cerremos los ojos.

Pero, el problema no es tan sencillo. Cuando se trata de medir las cualidades de un profesional estamos en el campo de la “meritocracia”, pero para que exista debe ser el concurso abierto, objetivo y no discriminador; vale decir abierto a todos y estableciendo puntajes de acuerdo a su trayectoria profesional, incluyendo los estudios, notas obtenidas, etc. Ejemplo: aquel que tiene tesis publicadas o trabajos de investigación tendrá más puntaje que otro que carece de ello. O, si ya cuenta con experiencia docente, de igual manera. Pero, per se, los concursos deben ser abiertos y selectivos en el filtro que las bases del concurso y los puntajes impongan, y siempre con criterio objetivo de ponderación.

Como han opinado varios especialistas, el estar ubicado en el tercio superior debe ser apenas un “plus” para un concurso público de docentes y no el requisito sine qua non para ser contratado por el Estado, y estar enmarcado dentro de un Plan Nacional de Educación. Estamos ante otra medida aislada del gobierno, como la tan promocionada una computadora por niño. Esperemos esta vez recapacite y de marcha atrás, y deje de lado medidas efectistas que sirven políticamente solo para ganar puntos en la aceptación general –que, en aprobación, del tercio inferior no pasa hace muchos meses- y no para reformar de veras la educación, que eso es lo que falta.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Si bien los gremios tienen un origen medieval, jugaron un papel importante en la articulación de la sociedad urbana y contribuyeron a dotar de una especial fisonomía a la vida de las ciudades. Fueron un ente aglutinador por oficios importantísimo en las futuras urbes, conforme estas cobraron mayor importancia en el desarrollo del capitalismo.

En esta evolución de las asociaciones por oficios, comienzan a cobrar relevancia los gremios de abogados conforme adquieren notoriedad, sea en un estado burgués como fue en los países que siguieron la reforma luterana, o en uno de rasgos coloniales e índole feudal como la España imperial de la contrarreforma. Así, los abogados agremiados irían consolidándose y ganando participación en la sociedad donde se encontraban insertados, teniendo como finalidad inicial el apoyo solidario mediante una caja de auxilios mutuos para casos de enfermedad o muerte; la defensa cautiva de la profesión (de no estar agremiado no se puede ejercer la abogacía); y, establecimiento de un “tarifario” por los servicios prestados a fin de evitar “competencias desleales” entre los miembros de la Orden.

En particular, el Colegio de Abogados de Lima –CAL-, ha tenido una participación destacada en la sociedad peruana. Fundado en 1804, es el colegio profesional más antiguo del país. Estuvo a la vanguardia de la constitucionalidad y el estado de derecho en los momentos difíciles, cuando la autocracia de Fujimori, en los noventa, quiso acallar toda opinión contraria a sus intentos reeleccionistas. Nos hostilizaron y cerraron muchas puertas –incluso, literalmente, hasta llegaron a tapiar la puerta de acceso a la sede del CAL en Palacio de Justicia, signo de la intolerancia que se respiraba en la época-, a varios colegas opositores se les hizo un seguimiento –“reglaje”- o interceptaban sus llamadas telefónicas; pero el Colegio jamás se “fujimorizó”, a pesar de los intentos de un grupo de colegas de darle un sesgo adulador hacia el autócrata y su asesor, hasta hace poco miembro de la Orden, Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, da la impresión que el brillo y la prosapia de antaño son parte de un lustre ido y que, como esas viejas familias de rancio abolengo, más bien atraviesa un período de decadencia que quizás sea irrevocable. Tiene prestigio, pero su participación activa en la sociedad es casi nula. Se parece a esas universidades que viven de la época en que eran el faro de la intelectualidad y paradigma de la educación, siendo apenas pálido resplandor de tiempos mejores.

Uno de los problemas que atraviesa el Colegio es su excesiva cantidad de agremiados. En estos momentos estamos cerca a los cincuenta mil inscritos, ya no nos conocemos y solo nos congregamos cuando tenemos elecciones. El “boom” de agremiados ha obedecido a la sobredemanda de aspirantes a letrados existente en nuestro país y su subsecuente sobreoferta de escuelas de derecho. Para nadie es un secreto la alta rentabilidad de una universidad si cuenta con una escuela que “fabrique” abogados: no requiere demasiada inversión –como, por ejemplo, la carrera de ingeniería de sistemas- y genera ganancias inmediatas. Son esas carreras conocidas como “de tiza y saliva”. Es así que el crecimiento del CAL debido a esta sobredemanda de abogados necesitados de colegiarse no corresponde a la estructura orgánica actual, ni a los fines primigenios, previstos cuando el número de inscritos era mucho menor, las escuelas de derecho se contaban con los dedos de una mano y cuando todos, prácticamente, se conocían entre si, como en la Lima de los años cincuenta.

Asimismo, la percepción que la sociedad tiene hacia nosotros es negativa. Los abogados y jueces somos vistos como personas poco confiables: taimados, deshonestos, y que a la menor oportunidad traicionaremos a nuestro patrocinado de ser litigantes o le extraeremos de su bolsillo alguna “coima” si somos magistrados. Debemos ser sinceros: en la sociedad no nos quieren.

Tampoco todos los agremiados son iguales u homogéneos, sino todo lo contrario. Provenimos de distintas generaciones, de diferentes universidades, nuestra formación académica es bastante dispareja entre unos y otros, nuestro origen social es igualmente disímil, así como el ejercicio de la profesión: tenemos desde los “abogados exitosos”, asesores de grandes empresas trasnacionales, casi siempre de universidades privadas exclusivas, hasta aquellos que apenas tienen para sobrevivir, los llamados “abogados ambulantes” que ofrecen sus servicios en los pasillos del Palacio de Justicia, por no mencionar a los desempleados, aquellos dedicados a otros menesteres, menos el de su profesión.

Es lamentable y dramático ese panorama, y la verdad las sucesivas juntas directivas del Colegio no han hecho nada, absolutamente nada, para remediar la penosa situación en que se encuentran sumidos muchos colegas. Han preferido ver hacia otro lado o hacia sus intereses personales, antes que el de los agremiados.

También está el hecho que el Colegio no ha sabido imbricarse con la sociedad. Estamos totalmente desfasados de esta. El Perú, y Lima, han cambiado radicalmente en cincuenta años, sin embargo el CAL sigue siendo una institución conservadora, sin pensamiento crítico, rodeado de ritualismos decimonónicos, como en la época que el Perú era gobernado por unas cuantas familias. No se ha modernizado, ni ha sabido entender a la sociedad donde se encuentra inmerso, convirtiéndose en un islote que nadie comprende ni ha nadie le interesa.

Otro aspecto digno de resaltar es porqué llegar a ser Decano o siquiera pertenecer a una Junta Directiva del Colegio causa tanta aprehensión entre ciertos colegas que realizan campañas ostentosas y caras a fin de acceder al sillón principal del CAL.
Como cualidades personales, el aspirante a decano debe ser un abogado preferentemente con méritos académicos o intelectuales reconocidos, es decir, un tipo versado en materia jurídica, que ha escrito libros, ha ejercido la docencia universitaria o ha sido un juez honesto y probo (difícil de encontrar en estos días, según la apreciación generalizada). Un jurisconsulto respetado en el medio. Por ello, antaño las campañas eran generalmente austeras, entre nosotros, contando con la colaboración de los alumnos del candidato repartiendo volantes en las puertas del Palacio de Justicia o de las dependencias judiciales; pero ahora apreciamos campañas por los medios masivos de comunicación, usando la radio, los periódicos, llamando a la casa u oficina del abogado para pedir su voto, invitando a agasajos de “cierre de campaña” (en lo personal, en la última, me invitaron a uno de los candidatos, que no asistí), haciendo promesas que saben muy bien no podrán cumplir, regalando libros, llaveros, lapiceros, calendarios, etcétera, etcétera. Más parece la campaña de un candidato a presidente o congresista que a un gremio profesional.
Dicho sea de paso, sería bueno que como aquellos, los candidatos al decanato también rindan cuentas de los gastos de campaña y el origen de su financiamiento: Somos abogados, debemos ser los primeros en dar el ejemplo de transparencia.

La pregunta que emerge, sin necesidad de mucha malicia, es de dónde proviene tanto dinero para dichos gastos, y porqué el interés en ser decano si el cargo es ad honorem.

Y, en ello, cabe el prestigio del CAL. El CAL será una institución decimonónica y con olor a naftalina pero, como esas viejas familias de apellido compuesto y escasa fortuna, todavía conserva un aura de cierta gloria pasada. Quien acceda al decanato consolida sus ambiciones profesionales (bastante legítimas) ampliando su cartera de clientes o el poder dentro de la universidad donde se desempeña, teniendo la posibilidad de contactarse con personajes políticos que le permitan ingresar a la vida pública o la oportunidad de acceder a algún cargo “de importancia”; además de conceder puestos de confianza remunerados dentro de la institución a quienes lo apoyaron en las elecciones. Como denunció un ex decano, el CAL se ha convertido en una “fábrica de empleos”, obedeciendo el decano entrante más a los intereses de quienes le ayudaron en la campaña que a los agremiados propiamente, de quienes casi siempre se olvida una vez finalizada la justa electoral. En eso se parece mucho a los candidatos al Congreso que llegan a ocupar una curul en la Plaza de la Inquisición.

Con honestidad y pena debemos reconocer que el CAL dejó de ser la gran institución que fue en el pasado. Es un gremio más y punto, que tiene su sustento en la defensa cautiva requerida por los abogados para ejercer su oficio. Sugiero que se vaya trabajando la propuesta de no existir la obligatoriedad de inscribirse en un colegio profesional, en cualquier colegio profesional, para ejercer una carrera liberal. El sentido de la obligatoriedad se comprendía en los gremios medievales que así defendían los intereses de sus agremiados frente a la “competencia”, pero en esta época de globalización, internacionalización de los servicios y aperturas de mercados, carece de sentido y solo debería ser voluntaria la inscripción en un gremio profesional. De reunir los requisitos establecidos en la ley, el ejercicio de la profesión debe ser enteramente libre. Daríamos un cambio revolucionario a la tónica de los colegios y estoy seguro que más de uno se desanimaría a candidatear al ansiado sillón de decano.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

En lo económico:
Año sin sobresaltos (salvo se produzca un evento inesperado de gran magnitud), donde se ratifica el modelo económico iniciado con las reformas neoliberales de Fujimori en 1990, sellado diecisiete años después con la firma del TLC y demás tratados que se vienen con Europa, Asia y algunos vecinos de la región. Como ha sucedido en otros países del continente que adoptaron el modelo, será difícil, casi imposible, que el voluntarismo de algún caudillo-candidato convertido en presidente pueda modificar -así lo haya jurado en campaña- los parámetros macroeconómicos de sentarse en el sillón de Palacio de Gobierno el 2011.
Punto débil: La apuesta por el modelo primario-exportador sujeto a las variaciones de los precios internacionales. Si los precios bajan, nuestros ingresos también. Asimismo, los parámetros macroeconómicos pueden verse afectados (subida del IPC y TC errático) por el alza del precio del petróleo y de los alimentos importados. También la recesión norteamericana puede ser un problema para el 2008, afectaría nuestras exportaciones y tendremos masivamente productos norteamericanos importados. El “colchón” de reservas internacionales va a ayudar a paliar la situación.

En lo político:
Sin estabilidad política de nada nos sirve la estabilidad económica, ambas son los soportes de la viabilidad democrática y la gobernabilidad, por lo que urgen reformas inmediatas en el plano político. Así nos parezcan aberrantes, los partidos políticos son necesarios en democracia y apenas tenemos uno a nivel nacional que puede llamarse propiamente partido: El APRA, y a nivel de Lima, el PPC. Y ninguno de los dos puede decirse que sea un partido moderno. (A nivel regional tenemos varios movimientos, casi siempre coyunturales y con alcance limitado).
También deben consensuarse ciertas leyes importantes, como la ley orgánica del poder judicial, la modificatoria de los códigos procesales a fin de acortar los plazos en los procesos civiles y penales, la ley de carrera administrativa poniendo énfasis en la meritocracia para los ascensos y tener una burocracia moderna, preparada y eficiente.
Punto débil: Las reformas del sistema político se están dejando en la “congeladora” del Congreso. No existe ánimo ni voluntad de hacerlo, pensando en el corto plazo, lo que a futuro puede ser perjudicial para los propios partidos.

Reformas pendientes:La reforma del estado, y dentro de esta, creo que es prioritaria la reforma educativa en todos sus niveles, desde la elemental hasta la superior. Sin capacitación científica y tecnológica no estaremos aptos para competir conforme a los estándares internacionales, privilegiándose a los sectores pudientes que pueden pagar una educación cara y de calidad a sus hijos. Quizás la principal de todas las reformas sea la educativa, junto a la reforma fiscal.
Punto débil: El gobierno no tiene un plan coherente de reformas, sino más bien “parches” que causan impacto a corto plazo pero no son eficaces en el mediano o largo plazo. Ejemplo caro y palpable: la campaña “one laptop for child”. Como ya han indicado los especialistas en el tema, no basta una computadora por niño para hablar de una reforma educativa.

Horizonte electoral:Las elecciones están todavía lejanas, así que los candidatos se mantendrán con un perfil bajo, procurando no “quemarse” demasiado.
Si debo hacer un pronóstico arriesgado para el 2011, diría que gana la derecha. No necesariamente con Lourdes Flores, puede ser con un “outsider” que en campaña tenga un discurso cautivador centro-izquierdista y llegado a Palacio un actuar bien de derecha. Incluso, por más paradójico que parezca, el mismo Ollanta Humala podría ser un continuador de los lineamientos políticos y económicos actuales (aunque llegue a ganar es otro cantar).

La escena política oficial
La escena política oficial va a continuar más o menos igual. Con un presidente cada vez más obeso pero de repente no tan conservador si las cifras de aceptación popular le siguen siendo esquivas. Como lo dijimos hace un tiempo atrás (cuando Alan García era candidato y algunos pensaban iba a repetir sus mismos errores), AGP está expiando los “pecados” de juventud, haciendo lo que no hizo en su primer gobierno. El trauma que le quedó por sus errores de la gestión anterior es tan fuerte que no le quedó más remedio que virar esta vez a la derecha. Y recordemos, los “reconversos” son los más fanáticos creyentes. Vade retro.

La izquierda aupada al humalismo buscará protestas de todo tipo contra el TLC, presentarán otra acción de inconstitucionalidad contra el tratado comercial que también será declarada improcedente, y tratarán de organizar paros y protestas sobretodo en el interior del país en coordinación con los líderes regionales, especialmente en la sierra sur. Más allá de eso difícil que pueda crecer como movimiento político tal como lo fue en la década del ochenta, cuando se convirtió en la segunda fuerza electoral. El proyecto de Izquierda Unida quedó sepultado por los propios errores de la izquierda. Mientras no realice un “aggiornamento” seguirá de tumbo en tumbo, apoyando a cualquier candidato con poses nacionalistas o izquierdistas, tal como le pasó en el año 90 con Fujimori y actualmente con Humala. En términos sicológicos podemos decir que escogen mal a sus parejas.
Maríategui tenía mucha razón al fundar hace ochenta años atrás un Partido Socialista (convertido años después de su muerte en Partido Comunista). Carecemos de uno sólido a la usanza chilena, y buena falta que nos hizo.

Política internacional
Nos estamos “durmiendo” en nuestra relación con Brasil. Lula, junto a Evo y a la presidenta Bachelet han acordado una carretera transoceánica que desembocará… en mar chileno. Si bien la escena internacional estará signada por la demanda ante la Corte de la Haya por la delimitación del mar con Chile, creo que lo más importante será Bolivia. De producirse una conflagración entre los departamentos autonomistas y el gobierno central nos afectará directamente a nosotros; más aún si Hugo Chávez y los “bolivarianos” se inmiscuyen a favor de Evo, y con las casas del ALBA en el sur del país, la situación se complicaría.

El petróleo y el gas
La subida del precio del barril de petróleo se veía venir de tiempo atrás, tomando desprevenido al gobierno con respecto al cambio de la matriz energética. La improvisación en tomar decisiones –conforme se van presentando los problemas- tiene un claro ejemplo en que recién este año se van a tomar decisiones, cuando el barril de crudo llegó a los cien dólares (y parece va en aumento). La conversión a gas es importante y no podemos darnos el “lujo” de exportarlo –y a precio “huevo” todavía- cuando no tenemos las suficientes reservas comprobadas como Bolivia, por ejemplo. A pesar que suene decimonónico, el recurso del gas requiere una política nacionalista, a fin de privilegiar primero a los peruanos y lo que “sobre” se venda afuera.

Juicio a Fujimori
El proceso en sí no será lo más importante, sino la estrategia política de su grupo. Si el juicio concluye definitivamente (con sentencia firme) entre el 2009 y 2010 como se tiene proyectado, los fujimoristas moverán sus piezas del ajedrez político conforme nos vayamos acercando al 2011. El fujimorismo es una fuerza que no se puede desestimar.
Me atrevo a hacer un “vaticinio jurídico”. Posiblemente lo condenen a 10 o 15 años de los 30 exigidos por la Fiscalía (me refiero a los casos de la Cantuta y Barrios Altos). De la condena final sólo pasará en la cárcel la mitad del tiempo y saldrá libre sea por el beneficio penitenciario del dos por uno, o en el peor de los supuestos con arresto domiciliario. También la opción del indulto presidencial o la amnistía del Congreso en un escenario post 2011 no se pueden descartar.

El problema de la droga
Estamos por convertirnos en carteles internacionales y en acelerar la cooptación del estado por parte de los narcotraficantes (quienes han pactado una suerte de “joint venture de la droga” con los capos del negocio mundial). Como la experiencia enseña, la solución no pasa por la represión, más bien esta ha demostrado su inutilidad. Más viable es la legalización de los estupefacientes. Pero, por desgracia, el gobierno norteamericano se opone a esta salida, gastando miles de millones en campañas inútiles y con una población altamente adicta a drogas de todo tipo.

El terrorismo
Faltó una labor de “monitoreo” a quienes se iba liberando, así como controlar los remanentes del movimiento de Abimael Guzmán. No se hizo y estamos pagando las consecuencias. La solución no es tanto militar o represiva (menos la publicación de la lista de los “liberados”), sino de inteligencia, al igual que se hizo para capturar a los principales cabecillas quince años atrás. A Sendero Luminoso le está ocurriendo lo mismo que le sucedió a las FARC en Colombia: prestan sus servicios a los amos de la droga o entran al negocio directamente. Es la degeneración de un movimiento que se proclamaba “revolucionario”. Dudo que se repita lo acaecido en los años ochenta o en todo caso su accionar político va a ser muy distinto.

El medio ambiente
El anuncio de la creación del Ministerio del Medio Ambiente más obedece a una condición impuesta en el TLC recientemente firmado que a una decisión política nacional. A no dudarlo, el problema del medio ambiente es mundial y la solución es multilateral, pero algo debemos hacer nosotros para cuidar el nuestro, sobretodo porque vamos a ser los principales perjudicados en caso se produzca “el efecto invernadero”, y si bien actualmente existen demasiados órganos dispersos, la creación de un ministerio no es la llave maestra para encarar la problemática.

Sociedad civil
Más o menos los grupos de presión de la sociedad civil seguirán siendo las ONG “caviares” como las llama la derecha, pero que tienen la capacidad de articular a diferentes grupos sociales. Hace falta mayor variedad de organizaciones civiles. Dónde están por ejemplo los de minorías sexuales que peleen por sus derechos (quo vadis MHOL?). Tenemos el Código Civil más conservador en materia familiar, donde se estigmatiza el homosexualismo como causal aberrante de divorcio y los grupos guys y lésbicos no proponen ninguna reforma legislativa. ¿Dónde están las propuestas para la facilitación de las disoluciones conyugales?, ¿dónde los grupos feministas por el derecho al aborto o los grupos progresistas por el derecho a la eutanasia? La lucha por los derechos civiles a su vez es una forma de ampliar los espacios democráticos. Es lucha cívica y política al mismo tiempo, en la cual el ciudadano es el principal actor. Falta mayor presión y organización.

Las desigualdades sociales
Si no se realizan las reformas pendientes, las desigualdades sociales continuarán ahondándose. Ni el mercado ni los tratados de comercio por sí solos las superan. No hay “milagros”, se requiere la participación activa del estado.
Punto débil: Salud, empleo y educación se encuentran a la zaga y el gobierno no pone énfasis en los programas de inclusión social necesarios para que el “chorreo” llegue a las mayorías.

La televisión digital
El “gran cambio” vendrá hacia el 2010, pero este año la Comisión encargada del estudio de factibilidad deberá emitir su informe a fin de determinar que sistema usaremos (en el mundo existen tres: el norteamericano, el europeo y el japonés). De implementarse la televisión digital significará una fuerte competencia para los canales locales que deberán asociarse a capitales extranjeros a fin de sobrevivir. Reconvertirse será una lucha darwiniana, donde los canales “chiquitos” serán los más afectados de no conseguir “alianzas estratégicas”. Se quiera o no, será necesario aumentar el porcentaje autorizado de capital extranjero en telecomunicaciones.

El ciudadano común
El ciudadano de a pie continuará viendo los “progresos” económicos sin sentirlos en su bolsillo (los sueldos y salarios se encuentran bastante atrasados con respecto a las ganancias del capital). Salvo la inserción de algunos sectores modernos urbanos, el resto de la población –sobretodo la rural andina- continuará en el atraso. Como ya lo dijo recientemente un neoliberal “puro y duro”, libre de sospechas de estatismo, el propio Presidente de la República debe liderar la campaña en la Sierra Sur. Ser el “Taita Presidente”; y yo añadiría, por lo menos debería estar la tercera parte de su tiempo allá, dirigiendo en persona las políticas sociales. Parece caudillismo (y lo es), pero es más efectivo que nombrar un burócrata oscuro.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Coincidentemente este año se rememora los quince del “autogolpe” del ex presidente Alberto Fujimori, los también quince del intento de restablecer la institucionalidad del general Jaime Salinas Sedó; y, este 2007 ha sido también el año en que Fujimori fue extraditado y en que han sido sentenciados sus ministros que avalaron el golpe. 

Sin embargo, cabría preguntarse si tiene algún efecto dentro de la sociedad la sentencia recientemente dictada, o en la institucionalidad democrática. ¿Es un aviso para que futuros golpistas lo piensen dos veces? 

Creo que se exagera en cuanto a la importancia social y política de la sentencia emitida por la Corte Suprema. Si bien en esta coyuntura estamos muy lejos de una aventura militar como en el pasado y mal que bien estamos andando en democracia, eso no nos cura en salud para lo que pueda venir después (que ojalá nunca vuelva a suceder). Nada nos garantiza que no se vuelva a repetir escenas sacando a un presidente constitucional en pijamas de Palacio de Gobierno, cerrar el Congreso –por más desprestigiado que esté- a patadas y golpes contra sus eventuales inquilinos, suprimir garantías o vivir bajo una bota de nuevo. Nada nos garantiza ese oscuro futuro, salvo el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Recordemos que hace poco más de año y medio estuvimos por elegir a un militar disfrazado de demócrata como Ollanta Humala. Aventuras así solo podrán ser inmunizadas con una fuerte institucionalidad y fortalecimiento de los valores democráticos, inclusión social y distribución de la riqueza, porqué democracia que no distribuye y hace más horizontales a los ciudadanos no funciona. 

Por eso, la sentencia reciente –que a la mayoría de los ministros que avalaron el golpe condena con penas benignas- es más un gesto simbólico de reparación que el efecto grandilocuente que se le quiere atribuir. O como dice el viejo dicho “una golondrina no hace el verano”. Falta mucho trecho por recorrer para llegar a ese punto de inflexión donde sea irreversible y seguro que la democracia no esté en peligro y sea tan natural pasar de un gobierno civil a otro como respirar. Mientras tanto deberemos seguir construyéndola día a día, que no resolverá todos nuestros problemas, eso es cierto, pero la otra opción, la autocracia, que como canto de sirena algunos la deslizan sibilinamente, es mucho, mucho peor.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Gramsci, a contracorriente de los marxistas ortodoxos, sostenía que tan importante como la estructura económica era la superestructura, es decir el mundo de las ideas, la cultura, las costumbres. Y tenía razón. La superestructura de la sociedad es tan importante e influye algunas veces, incluso mucho más que las decisiones económicas. 

Parece que los mineros capitalistas, sin ser marxistas, están llegando a la misma conclusión. Frente a las continuas pérdidas de batallas y hasta de la misma guerra contra las ONG’s ambientalistas y los “curitas rojos”, se han visto en la necesidad de cambiar de estrategia. Ya no se trata tan solo de poner arrogantemente los millones sobre la mesa, exhibir tecnología de punta, pedir contratos de estabilidad jurídica, sino de “comprarse” la voluntad de los pobladores de las zonas afectadas con la explotación minera. 

Es por eso que ahora la estrategia consiste en “vender” la idea de prosperidad para los vecinos y que todos ganan con la explotación de la mina. Ganan los lugareños con puestos de trabajo en cantidad y calidad (prestaciones sociales para el trabajador y su familia), mejores niveles de vida que sembrando solo papas, construcción de colegios, postas médicas y casas para todos, ideas-motivo que se reforzarán con la difusión de vídeos de otras zonas donde ha llegado la prosperidad de la mano de las empresas mineras. Se trata de convencer antes que imponer.  

El medio ambiente tampoco ha sido descuidado. Ahora se debe demostrar fácil y rápidamente que la minería no contamina, ni matará las truchas  del río o la laguna quedará seca, ni tampoco envenenará el aire que se respira o la tierra que sirve para la siembra de los productos de pan llevar. Los proyectos deben ser ecológicamente saludables, para lo cual se cuenta con técnicos especialistas en la materia que expliquen sin mucha jerga enredada que la explotación no causará perjuicios al ecosistema. 

Tampoco han descuidado la escena política oficial. Mediante un proyecto de ley enviado por el ejecutivo, vía la PCM (el proyecto no fue aprobado en el Congreso), se declaró de “interés nacional” la explotación de una veintena de proyectos mineros, “destinados a la concesión, financiación, planeamiento, contratación o ejecución de actividades mineras”. (Proyecto de ley Nº 1640/2007-PE). Una medida complementaria es el proyecto de reforma del canon, entregando directamente parte de los recursos a los lugareños, a fin que estos “sientan” los beneficios de la inversión minera. 

Y, en cuanto a los opositores, las ONG’s ambientalistas, “los perros del hortelano” de AGP, como ahora ya no se pueden silenciar a los contrarios con balas como en la época de la oligarquía criolla –mal que bien estamos en un estado democrático-, más bien se aplicarán los argumentos “ad hominem”, es decir desprestigiar al rival, documentando casos de protestas de los vecinos contra ciertas ONG’s que no han hecho nada por la zona donde estuvieron, salvo engrosar los bolsillos de sus dirigentes. Y, para ello no es necesario buscar con lupa. Es cierto que existen ciertas ONG’s que solo han buscado el provecho personal de sus integrantes, autoasignándose grandes sueldos que no se justificaban con la ayuda efectiva a la población, con un discurso marcadamente ideológico, lo cual se ha visto complicado con la simpatía por el modelo chavista de “socialismo del siglo XXI” y la ayuda económica que algunos dirigentes regionales y locales (la “izquierda trucha”) están recibiendo para hacer oposición. 

En igual sentido han reclutado “vendedores de imagen”, relacionistas públicos y hasta sociólogos para que realicen trabajo de campo, así como a varios izquierdistas que conocen bien el manipuleo de asambleas y de dirigencias gremiales, y que al hablar del “sucio capitalismo” parecía les daba arcadas, pero, para sorpresa de propios y extraños, ahora se han convertido en fieles defensores de la libre empresa. Business son business. 

A nivel del discurso también darán la batalla. Frente a un discurso antiminero, ofrecerán uno prominero. Pero, como se notaría postizo si viene de los propios inversionistas, lo canalizarán por medio de terceros, ganándose la simpatía de algunos dirigentes locales y de la propia población. Como es imposible formar un líder de la noche a la mañana, convirtiéndolo en adalid de la minería, se convencerá “comprando” conciencias y bolsillos. Las mineras tienen las arcas abiertas y la chequera dispuesta para quien las defienda. Ganarse a un líder de la comunidad es ganarse un punto de oro el día de la consulta popular para aprobar la venida de la minera. Todo vale. 

Los términos de la lucha han cambiado, lo que no es muy seguro es si dará resultado.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es 

Es curioso como cada cual ha “analizado” a su manera el artículo periodístico (a ensayo no llega) del presidente Alan García “El síndrome del perro del hortelano” (El Comercio, 28.10.07). Para la derecha ortodoxa “pura y dura” es el realismo llevado a la excelsitud, gracias a lo cual AGP pasará como el mejor presidente de la historia de nuestro país (de paso le sacan lustre con la franela y elevan su ego). Para la izquierda anquilosada en los años setenta debería más bien seguir el camino de Evo Morales, que gracias a sus medidas nacionalistas y de “socialismo del siglo XXI” está muy por encima en las encuestas que AGP, recomendando por tanto más estatismo como antaño (Nelson Manrique). Creo que ambos extremos (la derecha ortodoxa y la izquierda arcaica) yerran en sus apreciaciones y lo ven de acuerdo al prisma ideológico que cargan. 

El artículo tiene cinco áreas de diagnóstico: recursos forestales, tierras sin trabajar, recursos mineros y petroleros, recursos marinos y fluviales, y trabajo formal y educación. Por cierto, el artículo está plagado de lugares comunes, y más son creencias relacionadas al modelo económico neoliberal que ideas desarrollados en base a un conocimiento, por lo menos empírico, de la realidad. Pero, más que el diagnóstico de cada área económica, el artículo pone énfasis en cómo algunas personas se dedican a solo criticar o colocar obstáculos que impiden el desarrollo del país, son una suerte de “perro del hortelano”. Si bien no lo dice con nombre propio, se refiere a la llamada “izquierda caviar” (de allí que Nelson Manrique haya “saltado” hasta el techo al día siguiente de publicado el artículo, ver su respuesta en Perú21, 29.10.07, posteriormente ha recibido también respuestas furibundas de otros conocidos izquierdistas) que se opone ciegamente a la explotación de los recursos naturales a través de un discurso anacrónico y camuflado ahora como ambientalista a través de ciertas ONG’s. En la lista –sin aludirlos- están también los llamados “curitas rojos”, sacerdotes católicos comprometidos con los más pobres e inspirados en la teología de la liberación, aparte de otros como los profesores del SUTEP (a quienes, a contrapelo de la izquierda caviar, he bautizado como “la izquierda salchipapa” por lo popular y masivo), los profesores de las universidades públicas que reclaman aumentos sin elevar la calidad de la docencia impartida y perjudicando así a los futuros profesionales del país, los presidentes de ciertas regiones de raigambre chavista-humalista ( “la izquierda trucha”), entre otros más. 

En pocas palabras, según AGP, serían pequeños grupitos que se encargan de entorpecer el desarrollo sostenible de nuestro país y de que pase a la historia como el mejor presidente de la república.  

Coincido con Enrique Bernales (El Comercio, 30.10.07) en que esos grupos existen. De haber, siempre ha habido y habrá grupos políticos, económicos o sociales que se dediquen a hacer oposición por cálculo de intereses o por el mero placer de oponerse. Ya Víctor Raúl Haya de la Torre comentaba hace más de ochenta años del palo encebado, algo parecido a la tesis del perro del hortelano, aunque tocaba un tema sensible a nuestra idiosincrasia nacional: la mediocridad del medio, donde se “castiga” al que busca la renovación y el cambio, y se “premia” al que se conforma con el status quo y medra con el conformismo (un ejemplo claro sería la mediocridad del fútbol peruano, representado en una dirigencia también mediocre). Pero, de allí a responsabilizar a los “perros”, “caviares” y “truchas” por el fracaso de las acciones del gobierno y de su baja en la popularidad de las encuestas, dista mucho. 

Hay otro hecho que es sintomático, y es el uso bastante evidente del sustantivo adjetivizado “perro”. No es la primera vez que el presidente lo utiliza para dirigirse a quienes se oponen a sus medidas. Aunque el perro es un animal noble (quien haya tenido uno lo sabe), el uso de la voz es denigratorio, implica una persona sin principios, casi casi lindante con lo salvaje, exento de toda nobleza y altruismo. Es cierto que un gran sector de la izquierda no lo quiere a Alan (y sueñan más bien con verlo en la Base Naval junto a Montesinos por la masacre de El Frontón). Pero, ¿son “perros” quienes se oponen a las políticas de gobierno? No lo creo. Uno puede estar en desacuerdo, muchas veces enceguecido por la política partidaria y la inmadurez para ver el largo plazo (el infantilismo político), preocupado más en destrozar al rival que en construir un país. Quienes actúan así son más bien inmaduros y el pueblo los ha castigado con la orfandad electoral. Están barridos del mapa político (a pesar que quieren recomponerse en un frente humalista), igual que las dirigencias de las centrales sindicales que se quedaron en los discursos pasatistas sin tomar en cuenta los cambios tecnológicos y económicos que trajo para el empleo los últimos veinte años. Incluso la Francia de tradición socialista se ha dado cuenta de eso. Pero, insisto, creo que es exagerado calificarlos como “perros”, infantiles, quizás, o arcaicos, además que son vocablos que suenan más bonito que el denigrante “perro”. 

La receta para el progreso que vierte AGP en su artículo es sencilla y se basa en grandes inversiones privadas. Es el mismo argumento neoliberal: modelo primario exportador, inversión del sector privado –preferentemente en recursos naturales- que genere puestos de trabajo y traiga capital y tecnología, donde el rol del estado es cumplir apenas con las seguridades jurídicas a fin de darle estabilidad a largo plazo a la inversión. 

Lo malo es que la “receta” de AGP es trasnochada, al igual que sus más acérrimos enemigos. El mundo se mueve hacia el centro del péndulo. NI a la derecha tan derecha, ni a la izquierda tan izquierda, más bien el centro. Por eso –y frente al fracaso de las “recetas” del Consenso de Washington-, las sugerencias del desarrollo pasan por una activa participación no solo de los agentes económicos privados, sino también del estado, que no puede quedar como un mero garante de la inversión, sino que debe buscar e instituir mecanismos adecuados de distribución de la riqueza generada y de inclusión de los sectores menos favorecidos.  

El mercado per se no corrige los desequilibrios sociales, más bien los agrava como sucedió en el propio Chile, donde la “receta” funcionó, pero a costa de excluir a grandes sectores sociales, de allí que los últimos gobiernos chilenos inviertan en gasto social, mejorando los niveles de calidad de los sectores menos favorecidos. En pocas palabras es mercado pero también estado.    

Una pregunta que no se han hecho ninguno de los “analistas” que destrozaron o ensalzaron el artículo de AGP es porqué lo publicó. El principio de oportunidad se les fue de sus “análisis”. En política no se puede ser ingenuo como decía –maquiavélicamente- el propio Alan García en su primer gobierno y bien difícil creer que Alan lo sea. 

En primer lugar se debe resaltar el lugar de la publicación. Sección opinión de el diario El Comercio, periódico conservador, una especie de El Mercurio chileno, donde en materia económica solo se da cabida a articulistas “sensatos”, vale decir fieles creyentes del modelo ortodoxo (radicales, estatistas y keynesianos abstenerse, ellos escriben en La República o La Primera), son gente de la derecha económica, muchos académicos de universidades privadas de “prestigio”  (aunque en política dan cabida a izquierdistas reciclados y hasta “caviares” como Enrique Bernales). 

Otro hecho es que el diario que le abrió las puertas es el mismo que en el pasado mostró un odio furibundo contra el APRA, odio que iba más allá de toda racionalidad. El APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre e incluso del primer gobierno populista de AGP, hubiese sido imposible que encuentre tribuna en el decano de la prensa nacional. Es más, El Comercio apoyó abiertamente los golpes de estado cuando candidateó el fundador del partido aprista, así como a finales de los años ochenta –y en contra de AGP- apoyó al FREDEMO y su prédica de libre mercado.  

No es necesario ser muy zahorí para encontrar la respuesta. El propio decano la reveló en un editorial, a la semana siguiente de publicado el artículo: “…gratificante asistir a lo que podríamos llamar una maduración doctrinal del pensamiento político del doctor García…” (4.11.07, en negrita nuestro). Es decir, ahora el doctor García –para El Comercio- ha “madurado”. 

El momento. Creo que no se trata de una simple “boutade” o berrinche del presidente (o como dirían los muchachos “se rayó”), sino que subyace un mensaje directo, ya que él mismo suscribe el artículo. Parece decirnos: soy firme defensor de las grandes inversiones privadas y que estas no deben sentir ningún temor en mi gobierno por el trato, éste seguirá igua